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Hacia una real paridad de género/Jesús Ollarves/El Nacional

Creado Jueves 16 de Julio de 2015 por Aixa Armas
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La Constitución de Venezuela de 1947 estableció por primera vez el voto femenino. Sin embargo, los espacios de poder todavía suelen interpretarse en códigos masculinos, lo cual implica que las decisiones políticas suelen ser monopolizadas por hombres, de modo que la mujer queda marginada de los procesos estratégicos y definitorios de la agenda pública, así como de las deliberaciones sobre asuntos de vital importancia para el interés colectivo.

La paridad entre los derechos de los hombres y mujeres no se reduce al feminismo.  Desde las últimas décadas del siglo XX, la desigualdad en la participación política de las mujeres ha motivado el cuestionamiento internacional  sobre el carácter representativo de los gobiernos, así como el reconocimiento de la necesidad de implementar mecanismos que garanticen a mujeres y hombres las mismas oportunidades de participar en la política a fin de integrar sus visiones, necesidades, aspiraciones, valores, intereses y problemas.

La paridad tampoco debe ser interpretada como una simple cuota, pues ello corresponde a una visión reduccionista del derecho a la igualdad. La paridad de género debe ser entendida como una garantía de no discriminación en el ejercicio de funciones de representatividad, asociadas a los derechos humanos. Y no solo a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales.

 

 

El artículo 21 de la Constitución de 1999 dispone: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.”

Además, Venezuela ratificó el 31-05-1983 la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer que señala en su artículo II: “Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.” 

La democracia paritaria debe ser entendida como la total integración, en plenas condiciones de igualdad, de las mujeres en todo el quehacer de una sociedad democrática. Y la reflexión sobre el asunto apunta hacia el empleo de las estrategias multidisciplinarias que sean necesarias.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado que  la inclusión equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad es un medio para garantizar la igualdad de género, a fin de que los diferentes intereses, aspiraciones y necesidades de unas y otros se consideren, valoren y promuevan de igual manera, en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades para, de esta forma, contribuir a mejorar la calidad de la democracia.    

El derecho a la igualdad implica que mujeres y hombres gocen de forma efectiva de iguales posibilidades de participar en la vida política del país. Pero esta igualdad no puede ser fraudulenta, ya que no basta la presencia de mujeres en un cuerpo deliberante como la Asamblea Nacional y también debe estar garantizada su efectiva participación en las funciones atribuidas al Poder Legislativo: legislar, investigar y controlar.

El 25 de junio de 2015, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que el organismo electoral aprobó un reglamento especial a fin de garantizar los derechos de participación política de las mujeres en las elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional del próximo 6 de diciembre de 2015.

A pesar de que esta decisión fue tomada a destiempo por el CNE, lo cual podría obedecer a una maniobra (desenfocar a la oposición en cuanto a la construcción de su maqueta electoral para los próximos comicios), también podría servir para avanzar en materia del derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación.  

Lo que se espera del Poder Electoral es que sea garante de la democracia paritaria sin artificios de ninguna naturaleza, que no se incline sólo por la estricta observancia en el incremento de mujeres en cargos de elección popular, sino contribuya efectivamente a la eliminación de la exclusión por motivos de género.

Valga recordar que la participación política de las mujeres es un derecho y no una concesión de ningún gobierno.

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