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Promoción de la Mujer en el Desarrollo Rural /Román J. Duque Corredor*

Creado Miércoles 26 de Agosto de 2015 por Aixa Armas
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En el reciente IX Congreso de Derecho Agrario Americano, celebrado en Ciudad de Panamá, del 15  al 17  de julio, uno de los temas tratados fue el de la promoción y participación de la mujer en la empresa agraria,  que fue objeto de estudio bajo la visión de sus derechos en la empresa familiar,  cuyo desarrollo estuvo a cargo de la profesora Ana María Maud, de la Universidad de Santiago del Estero de Argentina.  Dado el interés que despertó el tema y la importancia de sus conclusiones me permitiré hacer unos comentarios para Mujer Analítica como colaboración para su labor de difusión de los diferentes tópicos del derecho a la paridad de género.

 En el tratamiento de la promoción de la mujer en la empresa agraria, como una forma de promover su participación en la estructura privada de poder,  no cabe duda la decisiva influencia que tiene el compromiso internacional de los Estados de garantizar esa participación en la sociedad. Es así, como en primer término se hace énfasis en la función de la mujer en la empresa agraria donde el elemento personal es determinante frente a la empresa mercantil que es principalmente económico.  En este orden de ideas, el planteamiento del protagonismo de la mujer productora es cónsono con el principio de la regulación de los derechos humanos de manera igualitaria para hombres y mujeres,  como viene exigiendo la ONU desde su Resolución N° 1921 del 0.5.12.1963, ratificado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, posteriormente recogido en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer  y en la Cumbre de Derechos Humanos de 1993, donde este principio igualitario pasa a integrarse  con  el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos, que impide discriminar en la categoría de productor agropecuario a las mujeres.  En este instrumento  se hace una referencia explícita a la situación de las mujeres rurales indicándole a los Estados que deben adoptar medidas para asegurar, en condiciones de igualdad,  la participación de las mujeres en el desarrollo rural como parte de la cuestión de igualdad de género en la agenda global.  En este contexto del derecho internacional agrario atinente a los derechos de las mujeres agricultoras es de gran trascendencia  la Declaración de 1992 de Ginebra sobre las Mujeres Rurales de la Cumbre sobre el Avance Económico de la Mujer Rural,  por  la que  se  proclama  que los derechos de la mujer son derechos humanos, de donde se desprende como rectores de la política social agraria de los Estados, “el principio de la transversalidad de género” y “el principio del empoderamiento de las mujeres”, que implica el acceso en la promoción de las mujeres en la toma de decisiones a todas las escalas para fortalecer su autonomía e incrementar sus oportunidades.  Principios estos que han de orientar el diseño de las políticas públicas y la interpretación de las normas jurídicas en materia de opciones, posibilidades y del ejercicio de derechos fundamentales. Asimismo, en coherencia con la Meta del Milenio de  la ONU de 2008  por la que se  propone el pleno empleo y el trabajo decente  particularmente para los jóvenes y las mujeres,  la Resolución N° 66/222, de la misma ONU, que se refiere a las explotaciones agrícolas como base importante para la seguridad alimentaria, establece el compromiso internacional de los Estados de promover la agricultura familiar a través del fomento y protección de las pequeñas explotaciones agrícolas  donde se destaca como objetivo la evolución de los derechos de las mujeres y su participación en el desarrollo social desde la perspectiva de género y los desafíos de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

 En las Américas debe destacarse la Declaración de San José  sobre el Empoderamiento Económico y Político de las Mujeres adoptada en la Trigésima Sexta Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres, de Costa Rica, de 2012 y la  declaración sobre la centralidad de la igualdad de género en el debate sobre el desarrollo y el empoderamiento económico de la mujer a nivel de la comunidad que se aprobó en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe, realizada en Santo Domingo en octubre de 2013, en la cual se consideró necesario asegurar a las mujeres empresarias y emprendedoras, incluidas las mujeres rurales, mecanismos de producción,  comercialización y de acceso al crédito y de ampliación de su participación en los agronegocios.  Igualmente, para nuestra región la Declaración de Brasilia de la XI Conferencia sobre Mujeres Rurales de América Latina y del Caribe de 2014,  puso de relieve el rol de estas mujeres en actividades tan importantes como la producción de alimentos, la preservación de la diversidad y la recuperación de prácticas agro biológicas y para la soberanía y seguridad agroalimentaria mediante la producción de alimentos saludables.  En este instrumento internacional dentro de la importancia de la agricultura familiar se señala que el elemento más importante de la sostenibilidad de la estructura productiva agraria  es la participación de las mujeres, por lo que la desigualdad social y política del género femenino es un objetivo a erradicar.  Estos pronunciamientos o pactos internacionales, que son obligaciones de los Estados para con sus ciudadanas,  constituyen un desarrollo  específico de los principios  contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer en la cual además se señala a los Estados que deben contemplar programas para los problemas especiales a que se enfrenta la mujer rural.

    Como  específicos derechos de la mujer del campo  en la región,  en su participación en el desarrollo rural,  según los instrumentos internacionales anteriores,  se señalan los siguientes:

        Participar en la elaboración y ejecución de los planes  de desarrollo rural a todos los niveles con representación propia.

        Tener acceso a servicios adecuados de atención  médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación familiar.

        Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social.

        Acceder a todos los tipos de educación y de formación académica y no académica, incluido la alfabetización funcional, así como los servicios comunitarios y de divulgación para aumentar su capacidad técnica.

        Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena.

        Participar en todas las actividades comunitarias.

        Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los  servicios de comercialización, y a las tecnologías apropiadas y recibir igual trato en los planes de reforma agraria y de reasentamiento.

        Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

Vale la pena señalar que en el IX Congreso de Derecho Agrario Americano, al cual me referí al comienzo,  después de las consideraciones sobre el  trabajo de la profesora Ana María Maud,  se aprobaron como conclusiones en relación con el tema de la Promoción de la Mujer y sus Derechos en la Empresa Agraria Familiar, las siguientes:

        El desarrollo rural y la agricultura serán eficaces en la medida que satisfagan las necesidades de todas las personas, varones y mujeres y será equitativo si existe igualdad de oportunidades.

  El desarrollo rural debe ser un modelo que  permita hacer efectiva la igualdad de género y que permita que mujeres y   varones compartan espacios de decisión sobre la producción y reproducción y las mismas oportunidades para el acceso al crédito y la asistencia técnica.

  Ha de brindarse asistencia técnica como instrumento para el acceso de las mujeres a las políticas para la agricultura familiar, siendo necesarios enfoques y metodologías diferenciados.

  Avanzar en el diseño de marcos legales  y acciones de participación en los parlamentos e implementación de políticas públicas que efectivicen derechos y promuevan  la autonomía de las mujeres rurales.

  Procurar el debate sobre el nuevo modelo de desarrollo basado en la solidaridad, la soberanía y la seguridad alimentaria.

  Establecer un nuevo orden económico  internacional basado en la equidad y la justicia, que contribuya a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer para el empoderamiento de las mujeres rurales que desarrollan tareas en la empresa agraria familiar y no simplemente a través de ayuda familiar.

 Tuve la satisfacción personal, como asistente al  mencionado Congreso de Derecho Agrario Americano, en mi condición de miembro de su Comité Científico,  de formar parte de la Comisión que presenció el debate sobre el tema de la Promoción de la Mujer y sus Derechos en la Empresa Agraria Familiar y que aprobó las anteriores conclusiones, que como agrarista me abrió la visión igualitaria de derechos humanos entre los agricultores y agricultoras, que para mí apenas era una visión global de un problema, pero  cuya especificidad  justifica su tratamiento como un capítulo especial del desarrollo rural y del derecho agrario. 

 

 *Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la Fundación Alberto Adriani.

Colaboración especial para Mujer y Ciudadanía

@romanjoseduque 

duquedeprado@gmail.com

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