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La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la discriminación de las reclusas/Román J. Duque Corredor *

Creado Lunes 25 de Abril de 2016 por Aixa Armas
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Nancy  Granadillo,  abogada y mi alumna del doctorado de la UCV,  en su libro de comentarios sobre la Ley citada en el título de este artículo (Ediciones Paredes, 3ª edición, 2016),  reflexiona sobre lo que en Derecho definimos como el lenguaje ampuloso de las leyes, cuando dice que aunque el artículo 1º de dicha Ley, proclama como su objeto propósitos loables en beneficio de la mujer, sin embargo, advierte,  sobre el carácter excluyente de la Ley mencionada, puesto que su aplicación esta dirigida solo a las mujeres que tienen la cualidad específica de “víctimas de la violencia”.  Y, por tanto, afirma que la Ley en cuestión en realidad no persigue proteger los derechos de todas las mujeres sino de quienes son víctimas de lo que la misma Ley define como violencia física, sexual y psicológica.  Es decir, de las mujeres maltratadas.  Lo cual,  para Nancy Granadillo,  es paradójico de que sólo  se  proteja los derechos de las mujeres si son víctimas de la violencia.  En verdad,  que  en razón  de los tratados internacionales en materia de igualdad de género, y, en concreto, respecto de la igualdad de los derechos de las mujeres frente a los hombres en cuanto al desenvolvimiento y desarrollo de la personalidad, el acceso a los cargos públicos sin discriminaciones, entre otros tantos derechos,  el Estado tiene el compromiso de proteger esos derechos  sin que se tenga que exigir como requisito que la mujer tenga la condición de víctima o de maltratada.  Ciertamente, que la autora del libro  que comento, tiene razón cuando afirma que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que en realidad persigue es disminuir los niveles de violencia en su contra, por lo que no es una Ley que consagra la defensa genérica de los derechos de las mujeres y mucho menos su igualdad o reconocimiento. 

  El planteamiento de Nancy Granadillo coloca en el centro de la discusión, la interrogante  ¿de qué hace, entonces, el Estado  para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres que no son maltratadas?.  ¿Y también de cuáles son las políticas públicas diseñadas para garantizar, promover, proteger, reconocer y salvaguardar los derechos de las mujeres que no  poseen la condición de víctimas de la violencia?.   No es verdad, pues, que la susodicha Ley protege los derechos de todas las mujeres como se establece en su artículo 1º,  y se repite en sus artículos 2º y 3º; y tampoco es cierto, como dice a veces,  alguna  propaganda, que la Ley en comento, recoge las conquistas históricamente alcanzadas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres.   El comentario de la abogada Granadillo lleva a reflexionar sobre la necesidad  una ley que proteja los derechos de  la mujer como mujer sin que tenga que ser objeto de actos violentos. 

 

 Otro aspecto que merece la pena comentar del libro de la abogada Nancy Granadillo, es que la Ley citada no se aplica igualmente a las mujeres maltratadas, como sucede con el tratamiento de las reclusas, sino únicamente a la que sean víctimas de la violencia machista, pero no policial, por ejemplo.  Lo cual va en contradicción no solo de su articulado sino también de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de de Belem Do Pará, que protege a las mujeres en situación especial de vulnerabilidad a la violencia, que define como aquéllas que son  perseguidas por razón de su raza, condición  étnica, migrante refugiada o desplazada, y también las que  se encuentren embarazadas, discapacitadas,  o de minoridad de edad o ancianidad, en situación económica desfavorable, afectada por conflictos armados, o que se encuentren privadas de su libertad.  En este orden de ideas, Nancy Granadillos afirma que son numerosos los maltratos, humillaciones, restricciones o violencia,  que padecen las mujeres que se encuentran procesadas o condenadas en los centros penitenciarios de Venezuela.  Ejemplo patético de esta afirmación lo es el de la jueza Maria Affiuni que ha sufrido toda clase de  maltratos físicos o psicológicos por parte de policías, fiscales, agentes penitenciarios y hasta de jueces o juezas.  Y más recientemente Lilia Tintori por parte de militares custodios de la prisión donde se encuentra recluido su esposo Leopoldo López.   En ese orden de ideas,  me permito copiar el pensamiento de Nelson Mandela, que reproduce Nancy Granadillo en su Libro “Comentarios a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”,  que resume todo su planteamiento sobre el desigual trato del  Estado hacia las mujeres privadas de su libertad a pesar de que el objeto de dicha  Ley es el de garantizar el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.  Decía Mandela: “No puede juzgarse a una Nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino  por el trato brindado a sus marginados: los presos”.  Apotegma este que en el caso de la violencia contra las  reclusas es más dramático cuando en una Nación, como Venezuela, existe una Ley que, que por definición, prohíbe el maltrato a todas las mujeres.  Las interesantes reflexiones de la abogada Nancy Granadillo me llevan a recomendar a Mujer y Ciudadanía que implemente talleres de  análisis crítico de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  no solo para su conocimiento sino fundamentalmente sobre sus deficiencias o carencias respecto de la vigencia del derecho de la igualdad de los derechos de las mujeres. 


*Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia

 Presidente de la Fundación Alberto Adriani.

Colaboración especial para Mujer y Ciudadanía

@romanjoseduque

duquedeprado@gmail.com

 

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