Aquella mañana, Daniela se levantó a las seis, como cualquier día, aunque sus movimientos eran más silenciosos de lo normal. Pedro, su padre, lo notó y se acercó al cuarto. La vio arreglarse bajo la luz del teléfono celular, porque no tenían electricidad. Minutos más tarde, la menor de 13 años se despidió para ir al liceo y él le respondió: “Dios te guarde, hija, juicio”.
Pocas horas después de ese 4 de mayo de 2022, unas sobrinas le informaron a Pedro que Daniela había desaparecido. Él recordó que tres días antes, una joven de 16 años había visitado a Daniela en su casa, en el municipio Bolívar, del estado Táchira, Venezuela, frontera con el Departamento Norte de Santander, Colombia.
Por ello, presintió que Daniela se había ido con aquella joven que la visitaba mucho. Pensó que si no encendía las alertas no sabría el destino su hija y corrió hacia las trochas o senderos más cercanos para preguntar, con una fotografía, si la habían visto pasar (los nombres de Daniela y de su papá han sido modificados por petición de la familia).
Según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, existe un alto flujo migratorio infantil de Venezuela a Colombia del que no hay datos precisos. Para 2020, Migración Colombia reportó que unos 25.000 niños, niñas y adolescentes habían salido de Venezuela sin acompañamiento de un adulto; de estos, 272 estarían en el sector de La Parada, Villa del Rosario, de acuerdo con un estudio de caracterización realizado por la Fundación Nuevos Horizontes en 2021.
En octubre de ese mismo año, el secretario de Fronteras y Asuntos Migratorios de la Gobernación del Norte de Santander, Víctor Bautista, aseguró que el 45 % del flujo migratorio desde Venezuela es de menores de 14 años, y que para la fecha ingresaba un promedio de 200 migrantes diarios por la zona de frontera. La mayoría de estos niños, niñas y adolescentes lo hacen solos y sin documentación, por lo que no pasan por los puentes internacionales que unen a su país con Colombia, sino por caminos ilegales que son controlados por grupos criminales organizados de ambas naciones.
Este fenómeno migratorio, sin embargo, esconde otra cara más de la tragedia que viven los migrantes venezolanos y que es muy poco investigada: niños, niñas y adolescentes son captados por arrastradores, es decir, otros menores de edad, para ser llevados a Colombia y entregados a redes de trata de personas, con fines de explotación sexual o laboral. Viajan por los caminos ilegales de una frontera que se mantiene cerrada desde el 19 de agosto de 2015, y que podría abrirse en cuanto el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, asuma el poder, según los anuncios que ha ofrecido al respecto.
Este fenómeno ha sido alertado por autoridades, ONG y centros universitarios con observatorios migratorios en la frontera, los cuales proporcionaron algunas cifras para esta investigación periodística. Así, de 2020 a 2021, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Bolívar, Venezuela, recibió a nueve menores
por el Puente Internacional Simón Bolívar; gracias a una alerta temprana, fueron detenidos por las autoridades. En el mismo periodo, el Observatorio Asuntos de Género del Departamento Norte de Santander, en Colombia, identificó cinco casos de menores de edad víctimas de trata.
Lo que saben estas organizaciones es que estos niños o adolescentes arrastradores ubican a otros de su misma edad para convencerlos de salirse de su casa, sin avisar a sus familias, ofreciéndoles teléfonos de alta gama, dinero, un trabajo con buena remuneración y la oportunidad de ayudar a sus familias. Durante sus encuentros les hacen fotografías a sus rostros y documentos, y las envían a las redes de trata. Generalmente se acercan a menores que viven en situación de pobreza, con carencias de alimentación y servicios básicos, como agua y electricidad. La mayoría de los arrastradores conocen a esos otros niños, pues los buscan en espacios en donde han vivido o han estado en otra ocasión, para generar confianza.
