47 mujeres habrían sido ejecutadas en Irán por participar en las protestas| Por: Ernestina Herrera
(18 enero 2026) Ya no se trata de las protestas del 2022, cuando el mundo escuchó el testimonio de Mahsa Amini, una joven iraní de origen kurdo arrestada y torturada por la policía islámica por no usar correctamente el hiyab. Ahora la cosa va más allá. Las mujeres en Irán de todas las edades, clases y origen han tenido un papel muy relevante en las protestas que se iniciaron el 28 de diciembre de 2025 que han dejado más de 2500 muertes y que se han extendido por todo el país.
Mahsa Amini recibió en el 2022 una brutal paliza, entró en coma y murió pocos días después. Tras su muerte, centenares de mujeres iniciaron marchas de protesta tanto en Teherán como en Saqqez, ciudad natal de Mahsa. Aquellas manifestaciones fueron duramente reprimidas y murieron más de 150 personas. Desde ese año y a raíz de la muerte de Mahsa las mujeres en Irán han desafiado abiertamente al régimen islámico.
La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó a más de 2500 el número de fallecidos durante las protestas, y alrededor de 10 000 detenidos están en peligro de ser ejecutados. El detonante de esta nueva ola de protestas es una profunda crisis económica que ha empujado a amplios sectores de la población a la pobreza, sumando incluso al influyente gremio comercial a las movilizaciones.
Perdieron el miedo
Mujeres, de distintas edades y contextos sociales, encabezan una lucha que va más allá del rechazo al hiyab obligatorio. El movimiento retoma el espíritu de Mujer, Vida, Libertad, surgido tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, y evidencia una alianza inédita entre hombres y mujeres en las calles. Con linternas encendidas en medio del apagón digital, los manifestantes buscan visibilizar su resistencia y mantener viva la esperanza de un cambio de régimen. Las demandas apuntan a un cambio radical del sistema político y al fin de décadas de opresión, control y violaciones de derechos humanos ejercidas en nombre de la religión.
Algunos casos se destacan como el de la activista Sharifeh Mohammadi, condenada a muerte en junio de 2024. Como ella, la trabajadora humanitaria Pakhshan Azizi y la disidente Verisheh Moradi corren hoy el riesgo de pasar por el patíbulo.
La pena de muerte por protestar
Pese a las reticencias del régimen de los ayatolás a proporcionar datos completos al respecto, diversas organizaciones han tratado de cuantificar el número de mujeres castigadas con la pena capital en 2025. Según el Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, el año pasado fueron ejecutadas 2.022 personas, de las cuales al menos 47 tenían nombre femenino.
Otras fuentes ofrecen cifras más altas: el observatorio iraní Human Rights Activists (HRA/HRANA) documenta 1.922 ejecuciones, con género identificado en la mayoría de los casos, y cuenta al menos 59 mujeres; el Iran Human Rights Monitor eleva el número a 61, mientras que el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán habla de 64.
Lo que sus distintos informes constatan en donde las asesinadas se cuentan por decenas, es que han aumentado significativamente respecto a 2024, cuando Irán puso fin a la vida de al menos 31 mujeres, la cifra más alta desde 2008 según los datos de Iran Human Rights (IHR).
Una práctica que no cesa
La pena de muerte en Irán tiene un largo recorrido, pero cambió de forma radical tras la Revolución Islámica de 1979. Hoy es una herramienta central de control político y social, situándose en el podio de las ejecuciones junto con países como Irak, Arabia Saudí o China, a pesar de las crecientes protestas en contra por parte de la ciudadanía.
Una de las más visibles fue la que llevó a cabo en enero de 2024 un grupo de mujeres encarceladas en el centro de Qezel Hesar, en Karaj. Las reclusas iniciaron una campaña de huelgas de hambre conocidas por el lema ‘No To Execution Tuesdays’ (‘No a los martes de ejecuciones’) que pronto se extendió por otras prisiones del país, incluida la de Evin, en Teherán.
«La única maquinaria que funciona en el régimen es la represión», expresó entonces la activista y Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que el 15 de diciembre —13 días antes de que estallasen las protestas por la coyuntura económica— fue detenida en un acto en honor al abogado Khosrow Alikordi un año después de ser puesta en libertad condicional.
Irán está entre los 55 países que mantienen este tipo de condena en sus legislaciones, aunque la gran mayoría no la aplica de manera regular, según Amnistía Internacional. En el caso del Estado asiático, las autoridades han aumentado el uso de esta pena a lo largo de los años, coincidiendo con la consolidación del movimiento Mujer, Vida y Libertad.
Pese a las reticencias del régimen de los ayatolás a proporcionar datos completos al respecto, diversas organizaciones han tratado de cuantificar el número de mujeres castigadas con la pena capital en 2025. Según el Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, el año pasado fueron ejecutadas 2.022 personas, de las cuales al menos 47 tenían nombre femenino.
Otras fuentes ofrecen cifras más altas: el observatorio iraní Human Rights Activists (HRA/HRANA) documenta 1.922 ejecuciones, con género identificado en la mayoría de los casos, y cuenta al menos 59 mujeres; el Iran Human Rights Monitor eleva el número a 61, mientras que el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán habla de 64.
Lo que sus distintos informes constatan es que Irán puso fin a la vida de al menos 31 mujeres, la cifra más alta desde 2008 según los datos de Iran Human Rights (IHR).
Una práctica que no cesa
La pena de muerte en Irán tiene un largo recorrido, pero cambió de forma radical tras la Revolución Islámica de 1979. Hoy es una herramienta central de control político y social, situándose en el podio de las ejecuciones junto con países como Irak, Arabia Saudí o China, a pesar de las crecientes protestas en contra por parte de la ciudadanía.
La doble lucha femenina
Sin embargo, la represión sistemática del régimen de los ayatolás no cala del todo y frente a ella está la voluntad de las mujeres de rebelarse contra las restricciones con acciones aparentemente cotidianas como bailar o cantar en público, algo que desde 1979 no pueden hacer en presencia de hombres, lo que marginó el trabajo de miles de artistas en el país.
Hoy, en redes sociales circulan vídeos de jóvenes rapeando contra el régimen, grabaciones de mujeres quemando imágenes del máximo líder, Alí Jamenei, o mensajes de desafío lanzados durante los apagones de internet impuestos por las autoridades. Acciones simbólicas que reflejan el clima de hartazgo de una generación que ha crecido bajo la vigilancia constante.
Para María Baeza, de este escenario se explica por una acumulación de factores previos. «Las mujeres llevan tiempo intentando conseguir expresarse con libertad y hacer una vida normal», señala, recordando que la represión actual no es un fenómeno aislado, sino la continuación de un proceso que se intensificó tras las protestas de 2022.
Existen unidades destinadas a vigilar y «reeducar» a quienes deciden dejar el velo, así como castigos contra aquellas que buscan una mayor autonomía. Bajo el Plan Noor, las patrullas han intensificado su presencia en universidades y espacios públicos, con detenciones arbitrarias, agresiones físicas y humillaciones. Paralelamente, el Estado ha recurrido a tecnologías de vigilancia digital, incluidos drones, sistemas de reconocimiento facial y aplicaciones móviles para reportar a mujeres cometiendo infracciones, todo ello con el objetivo de amplificar un sistema de control que va más allá de la represión en las calles.
En ese contexto, la participación femenina en las protestas actuales tiene un costo añadido. «Ellas se exponen a todo lo que se exponen los hombres —violencia física, detenciones arbitrarias— pero además al riesgo de las agresiones sexuales y la humillación sistemática», advierte Baeza.
Además, en los últimos meses se han documentado confesiones de mujeres y niñas «obtenidas bajo coacción», en las que reconocen delitos contra el Estado. «Somos conocedores incluso del caso de una niña de 16 años que reconoció en una grabación haber liderado disturbios contra el Estado», lamenta Baeza.
Más allá de la represión en las calles, las mujeres siguen viviendo bajo leyes que limitan su autonomía desde la infancia. El matrimonio infantil es legal a partir de los 13 años, la violencia dentro del ámbito familiar no está tipificada como delito y las mujeres necesitan el consentimiento masculino para decisiones clave como viajar o divorciarse.
El apoyo internacional se convierte, en este escenario, en un elemento clave: «Uno tiene la impresión de que los gobiernos ignoran la presión exterior, pero todos intentan que no se sepa lo que ocurre dentro de sus fronteras», señala. De ahí los apagones de internet, la censura informativa y la persecución de activistas dentro y fuera del país.
Ernestina Herrera: Periodista, egresada del Diplomado Mujeres como Agentes de Cambio organizado por la asociación civil Mujer y Ciudadanía en conjunto con la Universidad Monteávila
