Hay que devolverle la dignidad a Venezuela| Por: Corina Yoris-Villasana
A cada uno de los presos políticos y de conciencia
(8 febrero 2026) Hace unos años escribí para este diario, El Nacional, un artículo en el que me ocupaba de una vivencia muy ilustrativa que me permitía reflexionar en torno a una cuestión profundamente humana: la dignidad de la persona; lo titule así: “Persona y dignidad humana” (2023); tomé como punto de partida el recuerdo de una mítica y dolorosa película biográfica que se atreve a calar profundamente en la vida y la obra del monseñor Óscar Arnulfo Romero y que se convierte en un espejo de los miedos y esperanzas de su época. El arzobispo salvadoreño se destacó por su firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, labor que desempeñó hasta su fallecimiento el 24 de marzo de 1980. El asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero tuvo lugar durante la celebración de la Sagrada Misa en el altar de la capillita del Hospital de la Divina Providencia de San Salvador, El Salvador.
La violenta muerte no dio por finalizada la profunda e imperecedera herencia que nos legó. Más bien, su ejemplo supo convertirse en una potente tarea de ética y de espiritualidad, que se vive hoy entre las actuales generaciones. Su vida fue ejemplo de valores universales, de aquellos que tratan de ser fuente de inspiración para todos que persiguen un ideal de sociedad, es decir, una sociedad justa.
Dentro de este filme, hay una escena muy dolorosa, testimonio desgarrador de la lucha por la dignidad humana. Se narra cómo un sacerdote encarcelado llega a padecer un martirio espantoso por sus captores, quienes lo torturan indefinidamente hasta su muerte. El sacerdote, presentado como figura histórica, es el padre Alfonzo Osuna, SJ. A pesar de atravesar un sufrimiento inmenso, logra expresar: «¡Soy un ser humano!».
Ese alarido desgarrador, desde luego, no es solamente un simple grito que pide salvación; dicha exclamación está constituida por unas palabras que interpelan la ética y la moral en un contexto mucho más allá de las circunstancias de lo físico, de lo corporal, de lo material: el padre Alfonzo, frente a la evidente crueldad de la tortura propinada por quienes han olvidado y violado los más elementales y básicos principios de la humanidad, se fuerza a pronunciar frente a su ejecutor y también frente a sus captores la ya diluida existencia de unos límites éticos a los que se deberían ceñir en la muerte. Su voz no es solo una descalificación de las injusticias padecidas, sino que en ella también se expresa la firmeza de haber reconocido la existencia del valor intrínseco e inalienable que vive dentro de cada persona, aun en las circunstancias más inhumanas.
Esta escena no sólo puede suscitar compasión o indignación, sino también una invitación a reflexionar sobre lo innegociable de la dignidad de la persona humana. Cada acto que pone en la picota, que niega, que rebaja o que desprecia esta verdad elemental, es una ofensa no sólo para la persona que sufre esta tortura extrema, sino para toda la humanidad. Habría que señalar y recordar que estas modalidades de indignidad pueden tomar múltiples formas, que van desde la agresión física hasta tipos «sutiles», pero destructores también de explotación laboral, de abuso económico o de las prácticas igualmente despreciativas hacia personas que son vistas como distintas o que se aprecian inferiores.
Las secuelas provocadas por estos estilos de vida van mucho más allá de la persona y generan un mal estado en el tejido social. En estas sociedades, se produce una atmósfera peligrosa, inundada de inseguridad, temor y fragmentación social, un malestar social que pone en peligro las bases de la coexistencia pacífica, de la solidaridad y de la búsqueda de la justicia. De esta manera, revertir esta situación exigirá el compromiso de una respuesta colectiva para dar la alarma sobre dicha violencia y para afrontarla con valor.
Es absolutamente importante que las estructuras destinadas a la justicia cumplan a cabalidad con el cometido de responsabilizar a quienes cometen actos que vulneran los derechos humanos. Ya que estos esfuerzos por sí solos permitirán retomar la fe, la confianza, no sólo en las instituciones públicas, también en los principios éticos básicos que permiten la vida de la sociedad.
No estamos hablando sólo de ideales y reflexiones; se trata, más bien, de una necesidad real y urgente. Aquellas comunidades o naciones que deciden proteger y estimar a cada uno de sus miembros son aquéllas que logran reforzarse frente a los retos que inexorablemente presenta el futuro. La promoción y defensa de la dignidad del ser humano no es una utopía con carácter teórico. Hemos visto y escuchado en estas semanas los relatos más espeluznantes de personas que han salido de las mazmorras y explican, en primera persona, las torturas que han padecido durante su paso por estos lugares de infamia.
Valorar y comprender la dignidad humana trasciende las meras teorías o abordajes filosóficos, ya que es esencial reconocerla como un pilar insustituible en el ámbito práctico de los derechos humanos. Este concepto servirá como un eje crucial que carga y garantiza la aplicación efectiva de estos derechos, dentro de cualquier sociedad, dado que el respeto absoluto y la protección activa por la dignidad humana son requisitos ineludibles para justificar la plena realización y disfrute de los derechos fundamentales.
La importancia que cobra se presenta como ineludible en cualquier aspecto de la vida de las sociedades que aspiren a ser justas, equitativas y respetuosas con cada uno de sus miembros. El punto de vista se centra precisamente en el intento de poder explicar cómo estos principios obligatorios van entrelazándose dentro de un plano fiable que coadyuvará no solo al bien comunitario, sino al respeto por la dignidad humana de cada uno de los miembros que integran el tejido social. Ese tejido que tenemos destrozado actualmente.
La relación entre la dignidad humana y el Estado de Derecho es relevante; éste dispone que todas las personas deben ser tratadas con respeto y sin exclusión. Este fundamento básico requiere leyes verdaderamente justas, esto implica que no es suficiente la validez jurídica; es necesario que haya existencia de valores éticos, principios morales; leyes que deban ser aplicadas de forma directa en la comunidad, con la intención de proteger los derechos inherentes que afectan a todos los hombres y mujeres de dicha comunidad, dándole acceso imparcial a la Justicia.
En la Venezuela actual se está produciendo un hecho ciertamente aberrante. El sistema de justicia, que ha sido antes un pilar fundamental de la ciudadanía, ha desaparecido. Se habla de la existencia de un Estado de Derecho que, en los hechos, ya no ofrece garantías para la aplicación de la ley, sino que, desde la misma práctica, se opone a las normas y principios constitutivos de su naturaleza. Ello ha sido suficiente para que, en muchos casos, ese Estado de Derecho se ha convertido en un Estado de Fuerza, pues ha traicionado su propia identidad. Es casi un «estado de naturaleza hobbesiano», «la guerra de todos contra todos».
La continua erosión del poder ha generado en la práctica un escenario donde las garantías básicas para la protección de las personas han resultado significativamente vulneradas.
Esta situación ha originado una inmensa preocupación vinculada con el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, así como a la auténtica voluntad democratizadora de establecer y seguir principios que ciertamente aseguren la justicia y equidad en el país para que no se repitan estas atrocidades. ¡Es ineludible regresarle la dignidad a Venezuela!
X: @yorisvillasana
Fuente: El Nacional
