A veinticinco años del Estatuto de Roma. Venezuela ante la Corte Penal Internacional/Milagros Betancourt C.

27 de julio 2023

El 17 de Julio de 1998 en una jornada maratónica, durante la última session plenaria de la Conferencia Diplomática convocada por las Naciones Unidas, se aprobó el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, y que entró en vigor el 1 de Julio de 2002.

Asi se cumplió un anhelo de la comunidad internacional de contar con una instancia frente a la que los responsables de crímenes atroces contra la humanidad deban rendir cuentas de sus acciones y dejar a un lado la impunidad de la que  se beneficiaron tiranos, dictadores y criminales de guerra.

La Corte Penal Internacional fue precisamente creada para eso, para juzgar y sancionar a las personas que han cometido crimenes internacionales, que usualmente derivan de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos. También tiene una función preventiva y por ello puede adoptar medidas dirigidas a causar un efecto  disuasivo en los potenciales perpetradores de conductas atroces y  un efecto positivo en la sociedad.

Su característica fundamental es la naturaleza complementaria de su jurisdicción, lo que implica que la Corte Penal Internacional sólo puede actuar cuando no es posible impartir justicia en los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma, específicamente cuando dichos Estados, no quieren o no pueden juzgar en sus tribunales a los presuntos responsables de crímenes internacionales que son.

La Corte Penal Internacional conoce de situaciones de países que se remiten para que sean analizadas y verificar, si dentro de los hechos ocurridos  en dicha situación se han cometido crímenes internacionales. competencia de la Corte. Uno de los aspectos relevantes de la CPI es el tratamiento a las víctimas y su participación en el proceso.

Venezuela tuvo una actuación relevante durante el proceso de negociación del Estatuto de Roma, con la participación de sus representantes en todas las reuniones a lo largo de las negociaciones. Formuló propuestas concretas que han quedado plasmadas en el texto del Estatuto de Roma y formó parte del Comité de Redacción en la Conferencia de Roma, en la cual nuestro país estuvo representado por el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Miguel Angel Burelli Rivas y una delegación técnica de alto nivel integrada por el Embajador Víctor Rodríguez Cedeño, el Consejero Norman Monagas Lesseur y quien escribe este texto, para entonces Ministro Consejero y Director de Tratados Internacionales de la Cancillería

Fue además el primer país de Iberoamérica en ratificar el Estatuto, el 7 de junio de 2000.

Paradójicamente, la situación de Venezuela actualmente es objeto de investigación por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional, que tuvo como paso previo el Examen Preliminar iniciado el 8 de febrero de  2018 por la ensconces Fiscalseñora Fatou Benssouda,con motivo de los acontencimientos ocurridos en Venezuela en 2017 y las graves violaciones de Derechos Humanos durante las protestas de la sociedad civil contra el gobierno,  que luego  amplió sul alcance a  los sucesos del año 2014.

El 3 de noviembre de 2021, el nuevo  Fiscal de la Corte señor Karin Kahn, en ejercicio de sus atribuciones, anunció y comunicó formalmente al gobierno de Venezuela, su decisión de iniciar la investigacion sobre la Situación de Venezuela, la cual se conduce en la actualidad y en la que las víctimas han podido transmitir a la Corte,sus comentarios y  observaciones a través de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones («VPRS») de la Secretaría.  Se  esta a la espera de la decisión de la Sala de Apelaciones  en cuanto al recurso intentado por el gobierno, lo cual en todo caso, no paraliza ni detiene la investigación en curso.

El balance del trabajo de la Corte Penal Internacional durante estos veinticinco años desde su creación, si bien para algunos resulta poco productivo, hay que considerarlo con una visión positiva, pues a pesar de lo lento que pueden ser los procesos penales, y mas en una instancia internacional, su existencia misma y su labor sancionatoria y preventive, representan un avance para la humanidad y un muro de contención a la impunidad de los crímenes graves y atroces por parte de gobernantes alejados del ejercicio democrático y el respeto a los derechos humanos.

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