Derechos de las mujeres en retroceso: de la mirada global al caso venezolano
(12 agosto 2025)
La actual reacción en contra de la igualdad de género no es solo
una “guerra cultural” pasajera, sino un frente central en una disputa más amplia
sobre la democracia, los derechos individuales y el poder político
que se desarrolla en múltiples regiones.
Saskia Brechenmacher
Como analista de relaciones internacionales, creo fundamental examinar las tendencias globales y sus reflejos a nivel nacional. El reciente informe de la investigadora Saskia Brechenmacher para el Carnegie Endowment for International Peace retrata un escenario de fuerte tensión mundial en torno a las políticas de género. Aunque parte de una perspectiva que incluye la defensa de los derechos LGBT —agenda controversial por decir lo menos en continentes como África y Asia— el documento ofrece datos y dinámicas útiles para comprender los fenómenos actuales.
Según Brechenmacher, en los últimos años se ha fortalecido una red transnacional de gobiernos, movimientos religiosos y otros sectores de la sociedad civil que se oponen a políticas de género consideradas expresión de una agenda de izquierda o del poder hegemónico occidental. Esta “contraofensiva” se manifiesta en tres frentes: 1) cambios legislativos que limitan la educación sexual, los derechos reproductivos o el reconocimiento legal de identidades de género; 2) represión del activismo, con detenciones arbitrarias, vigilancia y campañas de difamación; 3) batallas diplomáticas en foros como la ONU, donde se reemplaza el lenguaje sobre “derechos de género” por referencias a la “familia natural” y la “soberanía nacional”.
Dicho fenómeno no conoce fronteras: desde Hungría hasta Corea del Sur, desde Uganda hasta Brasil, se repite una misma narrativa —el feminismo como amenaza a la «cohesión nacional» o la «cultura tradicional».
Esto evidencia la importancia de respetar las diferencias culturales si en verdad queremos promover la igualdad de género a nivel global, algo que muchas feministas han entendido al ampliar su abanico epistemológico. Hoy existen múltiples corrientes —liberal, radical, marxista, cultural, negra, decolonial, islámica, ecofeminista, entre otras— y por ello prefiero hablar de feminismos en plural.
Si a nivel global se impone un diálogo entre civilizaciones, en Venezuela, como en tantos otros países con regímenes autoritarios, la lucha por los derechos de las mujeres pasa primero por la defensa de la democracia.
Cuando la represión política se cruza con la discriminación de género, la lógica de dominación ligada a los intercambios sexuales se impone en las diversas situaciones de detención y encierro. El costo lo pagan no solo las representantes de partidos de oposición, las periodistas o las activistas, también las madres, esposas, hijas y hermanas de detractores importantes, a quienes se pretende ablandar por medio del sufrimiento de sus seres queridos. Es decir, a las mujeres se las tortura y se las usa como instrumentos indirectos de tortura en el marco de un sistema represivo que une autoritarismo y sexismo.
El 5 de agosto, más de cincuenta valerosas mujeres —familiares directos y defensoras de presos políticos— que realizaban una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia, fueron atacadas por grupos armados (colectivos), que agredieron incluso aquellas embarazadas o con niños en brazos.
Entre las participantes estaba la activista Martha Lía Grajales, de la ONG SurGentes. Tres días después, el 8 de agosto, fue detenida arbitrariamente tras otra manifestación frente a la sede de la ONU en Caracas.
Testigos afirman que fue subida a una furgoneta sin placas; desde entonces se desconoce su paradero, lo que podría configurar un caso más de desaparición forzada. Y es que estos actos no son episodios aislados, sino parte del repertorio común del terrorismo de Estado.
Otro ejemplo reciente de ataques a familiares de personajes icónicos es el de Andreína Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel —exministro de Defensa fallecido bajo custodia del Estado en 2021—, quien ha sido víctima de hostigamiento y amenazas sistemáticas por parte de funcionarios de seguridad, según documentó la CIDH al otorgarle medidas cautelares en junio.
Como en el panorama global descrito por Brechenmacher, golpear a las mujeres significa castigar una doble afrenta: al poder autoritario y a las normas de género que pretenden a la mujer callada. Pues no, no nos callamos. Seguimos en pie de lucha en un frente en el que los derechos humanos y la justicia de género son inseparables.
La documentación de lo que está sucediendo contribuye a hacer visible el impacto diferenciado sobre las mujeres de las prácticas de violencia política, lo cual es fundamental de cara a la conceptualización legal de las conductas represivas y las potenciales políticas de reparación.
@mariagabPa2024
Fuente: El Nacional
Por: María Gabriela Mata
