8 de octubre 2024
En el corazón de toda sociedad democrática se encuentran los derechos humanos, que garantizan la dignidad, la libertad y la justicia.
En Venezuela, estos derechos están consagrados en la Constitución Nacional de 1999 y respaldados por tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue adoptado por nuestro país en 1966 y ratificado en 1978, lo que implica que Venezuela se comprometió a cumplir y promover los derechos y libertades allí establecidos, como el derecho a la vida, a un juicio justo, a la libertad de expresión, y la protección contra la tortura, entre otros.
En este contexto, el artículo 49 de nuestra Constitución establece varias garantías que aseguran que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
Además, se consagra la presunción de inocencia, lo que significa que todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. También se garantiza el derecho a ser oído en los procesos judiciales, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, ante un tribunal competente e imparcial. Asimismo, las personas tienen derecho a ser juzgadas por tribunales ordinarios o especiales ya establecidos y a conocer la identidad de sus jueces.
Por otro lado, se reconoce el derecho a no autoincriminarse, lo que implica que nadie puede ser obligado a confesarse culpable ni a declarar en contra de sí mismo o de sus familiares cercanos y las confesiones que se hicieren, sólo serán válidas si se realizan sin coacción.
Más aún, el debido proceso es de tal relevancia, que ha sido objeto de un amplio análisis por parte del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional lo ha calificado como una garantía fundamental dentro del Estado de derecho. Según esta sala, el debido proceso se refiere a la existencia de las garantías esenciales que permiten una tutela judicial efectiva.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia comparada han subrayado que este derecho no debe considerarse de manera aislada, sino que debe estar vinculado a otros derechos fundamentales, tales como el derecho a una tutela efectiva, al respeto por la dignidad humana, al derecho a ser notificado sobre los cargos en su contra, así como a acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los recursos necesarios para ejercer su defensa.
Nuestra Constitución Nacional también establece, en su Artículo 46 otro aspecto crucial en cuanto a este tema, y es que todas las personas tienen el derecho a que se respete su integridad física, mental y moral. Por lo tanto, nadie puede ser sometido a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes aún cuando estén privadas de libertad.
En este aspecto, es fundamental reiterar que el derecho a la defensa es un principio esencial que garantiza a toda persona la oportunidad de ser escuchada y de contar con un abogado de su confianza, porque solo en caso de no tener uno, se le asignará un defensor público durante el proceso judicial. Por otro lado, el debido proceso asegura que las leyes se apliquen de manera justa y sin arbitrariedades.
De modo que ambos derechos son pilares del Estado de derecho, ya que garantizan que nadie sea privado de su libertad sin un proceso justo. Sin embargo, la efectividad de su protección no solo depende de su reconocimiento legal, sino también de su aplicación práctica en la realidad.
Pese a la existencia de un marco legal favorable como el referido, según informes de organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, https://foropenal.com/ muchas personas en los últimos días han sido procesadas sin acceso a un defensor de su confianza o sin ser informadas sobre los cargos en su contra. Este escenario no solo afecta la justicia individual, sino que también podría erosionar la confianza pública en el sistema.
Por si fuera poco, cuando las personas detenidas son mujeres, vemos que se encuentran especialmente vulnerables, ya que a menudo enfrentan discriminación tanto dentro como fuera del sistema judicial. Aunque las estadísticas indican que el número de mujeres detenidas es significativamente menor que el de hombres, su experiencia durante el proceso penal es diferente y las condiciones de reclusión suelen ser más complicadas.
La reclusión de estas mujeres impacta gravemente no solo sus vidas personales y profesionales, sino también a su entorno familiar, pues muchas de ellas son madres solteras y sostén de sus familias.
Cuando además se realiza el traslado a un lugar alejado de su domicilio y no tienen acceso a un abogado de su confianza, no solo perpetúa su sufrimiento, sino que también silencia sus voces.
En este sentido, la solidaridad entre mujeres es fundamental para brindarles apoyo. Esto incluye proporcionarles comida, agua, ropa, artículos de higiene y ayudarlas a cuidar de sus hijos y otros familiares mientras están en prisión. Procuremos no olvidar a nuestras privadas de libertad y seamos sensibles sobre la importancia de estar presentes en sus vidas.
Otro de los grupos que preocupa, es el de los menores de edad que están enfrentando un proceso judicial. Nuestra Constitución establece que es responsabilidad del Estado garantizar la prioridad absoluta de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por tanto es esencial que se respeten sus derechos, tal como lo establece la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
Estos jóvenes también merecen ser tratados con dignidad y tener la presunción de inocencia en todo momento. Ellos tienen el derecho a estar informados sobre lo que ocurre en su caso, a no ser forzados a incriminarse y a contar con la presencia de sus padres o representantes en las audiencias.
También en estos casos, abogamos para que sus procesos no se vean retrasados por dilaciones innecesarias y que se mantenga su separación de adultos mientras estén privados de libertad.
Recordemos que detrás de cada uno de estos casos hay una vida joven que merece protección y unas madres que necesitan apoyo durante estos procesos tan difíciles.
En Venezuela, muchas organizaciones no gubernamentales e individualidades dedican gran parte de su tiempo a ofrecer asesoría, acompañamiento y orientación legal a las familias de quienes están privados de libertad. Este esfuerzo aparte de brindar apoyo, envuelve a estas familias en un abrazo de solidaridad.
En este orden de ideas, vale mencionar que la participación activa de la ciudadanía es fundamental; porque al informarse podrían sumarse a esta causa y crear una presión colectiva que puede contribuir a mejorar las condiciones del sistema judicial, haciendo que las voces de quienes más lo necesitan sean escuchadas.
Continuamos creyendo firmemente que el poder judicial, como guardián y protector de la justicia, tiene la responsabilidad fundamental de garantizar el derecho al debido proceso. Es vital que se preserve la integridad y la imparcialidad en cada paso de los procedimientos judiciales, asegurando que cada persona reciba un trato justo y digno. Solo así podremos fortalecer la confianza en nuestras instituciones y construir juntos una sociedad más respetuosa de los derechos humanos.
En estos momentos nuestro deber ciudadano es unirnos para levantar nuestras voces en favor de la paz, la tolerancia y la justicia. Recordemos que cada acción que tomemos, por pequeña que sea, puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien más.
Sigamos adelante con esperanza, determinación y solidaridad. Es necesario que busquemos aclarar nuestras dudas a través de interlocutores confiables y continuemos abogando por el respeto inquebrantable de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad.
Diannaly Muñoz: Abogada. Directora del Centro de Asesoría Legal Padre Olaso. Profesional con un gran sentido de la justicia, alto nivel de experiencia en materia procesal, hidrocarburos, Derechos Humanos de las mujeres y equidad de género y un verdadero interés por asesorar y orientar a particulares para la solución de problemas legales así como su acompañamiento en trámites ante instituciones públicas o privadas, habilidades para redacción de documentos y recopilación de documentación e información.
Esto es una realidad muy triste. Hay una gran cantidad de jóvenes privados de libertad, con familiares de bajos recursos. No tiene quien los ayude. Quedan a la deriva.
En mi opinión hay mucho por hacer y nadie quiere hacerlo.
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