El gobierno de los gobernadores ¡un imposible! / Karin van Groningen

Una oferta política -o plan de gobierno- responsable de un candidato a gobernador no puede hacer frente, ni tan siquiera mínimamente, al actual escenario de ruina económica, hambre y desempleo, analfabetismo, crimen y delincuencia y, ahora, de pandemia que azota al país. Y es que la Constitución Nacional reduce al mínimo las potestades de los gobiernos estadales. Les impide hacer ofertas políticas responsables en materia de salud, alimentación, educación, electricidad, agua y comunicaciones, entre otros, puesto que los servicios que funcionan en sus jurisdicciones están bajo la dirección del poder nacional, no estadal. Y la creación de servicios autónomos, es impensable debido a que los limita drásticamente en su capacidad para disponer de recursos financieros propios. Sí les permite la Constitución Nacional ofrecer un cuerpo de policía. Pero no seguridad pública, puesto que los tribunales encargados de procesar a los delincuentes y de hacer justicia que funcionan en sus estados, están también bajo la dirección del poder nacional. Situaciones que no ocurren en ningún estado perteneciente a un país federal o descentralizado (EE. UU., Alemania, por citar algunos).  Lo cierto es que el cuerpo de policía que podría ofrecerse ni tan siquiera podría ser pagado con esos sueldos y salarios extremadamente bajos que se han usado como justificación de la corrupción de sus funcionarios. Menos aún podrían comprar los equipos y sistemas altamente tecnificados que se requieren para su eficiente funcionamiento (comunicaciones, armamento, vehículos, aeronaves). Igual acontece con la última materia en la que los gobernadores podrían hacer ofertas políticas responsables, como lo son las vías terrestres (autopistas y carreteras). Sin embargo, las que existen en sus jurisdicciones son dirigidas también por el poder nacional. Crear nuevos sistemas de carreteras y autopistas tropieza nuevamente con el problema de los ingresos. Y es que, según la misma Constitución Nacional, los ingresos propios de los estados son sólo aquellos derivados de la venta del papel sellado, timbres y estampillas, de la administración de las tierras baldías y de la administración de salinas y ostrales, cuando las hay. Por estas razones considero que este ejercicio de gobierno es un imposible. Aun así, vamos a elecciones de gobernadores… para acumular fuerza política, dicen muchos. Presuponen que el electorado desconoce las ataduras que los paralizan. Que con algún trabajo mediático que eleve la confianza en el árbitro electoral, se vencerá a la abstención. Que, al día siguiente de la elección, aceptarán sin decepción alguna, la parálisis de su gobernador. Y justo dentro del escenario de la pandemia sin resolver… Probablemente esas presunciones sean infundadas. Probablemente estas elecciones no son un buen servicio que se le hace a la democracia en Venezuela ¿Usted qué opina?

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