19 abril 2025
En momentos difíciles, cuando nos enfrentamos a situaciones de infracción, es importante que sepamos cómo actuar y denunciar, porque, además de estar al tanto de nuestros derechos, eso también es una forma de protegernos. De hecho, la denuncia es tanto un derecho como un deber ciudadano y un acto fundamental en cualquier sociedad que busca preservar el estado de derecho, combatir la ilegalidad y fortalecer la institucionalidad.
Denunciar no solo implica señalar un hecho; también contribuye al bienestar colectivo y a la defensa de los derechos humanos. Así pues, la denuncia implica realizar una declaración ante la autoridad pública sobre un hecho o situación que consideramos viola las leyes, con la expectativa de que se inicien las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas adecuadas.
En este contexto, el artículo 51 de la Constitución de Venezuela establece: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. Dicho de otra manera, es esencial que tengamos claro nuestro derecho a presentar peticiones a las instituciones públicas para informar, reclamar o demandar acciones relacionadas con la violación de derechos o problemas que afectan el interés individual o colectivo. Recibir una respuesta, ya sea positiva o negativa, es fundamental. Por ello, los funcionarios públicos deben entender su papel como servidores y asumir las consecuencias si no cumplen con este deber; esto evidentemente ayuda a fortalecer la confianza en las instituciones.
Ahora bien, existen diferentes tipos de denuncias que se pueden realizar: por ejemplo la denuncia penal implica informar sobre un delito ante el Ministerio Público o cuerpos policiales. Esta categoría abarca desde delitos comunes hasta violaciones de derechos fundamentales. Es importante destacar que cualquier persona que sea testigo o víctima de un delito tiene la obligación de denunciarlo. De acuerdo con el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal, las denuncias pueden hacerse de forma verbal o escrita. Es importante que incluyan el nombre y domicilio del denunciante, una descripción detallada del hecho y la identificación de los responsables si se conocen, así como testigos que puedan aportar información adicional. En el caso de las denuncias verbales, se redactará un acta que deberá ser firmada por el denunciante y el funcionario que la reciba. Para las denuncias escritas se requiere la firma del denunciante o de un representante autorizado; si el denunciante no puede firmar, puede dejar su huella dactilar.
También existe la denuncia administrativa, que se refiere a irregularidades en el ámbito administrativo, es decir cualquier acción, hecho u omisión que pueda mostrar que se ha cometido un ilícito administrativo, especialmente si hay mal manejo de fondos públicos por parte de funcionarios o particulares, lo que es sumamente importante para que las autoridades competentes puedan tomar las medidas necesarias. Para denuncias relacionadas con servicios públicos no se requiere un argumento legal, pero sí es importante señalar el derecho que está siendo vulnerado. Por último, tenemos la denuncia civil, que se utiliza para reclamar derechos ante tribunales civiles. En casos de violaciones a derechos fundamentales, debemos dirigirnos a la Defensoría del Pueblo o a las fiscalías de derechos fundamentales del Ministerio Público.
Los organismos encargados de recibir denuncias en el país están diseñados para responder a la naturaleza de la infracción o delito cometido. Por esta razón, existen diferentes entidades receptoras de denuncias. Además, cada tipo de denuncia tiene un procedimiento específico. Afortunadamente, hoy en día diversos organismos proporcionan abundante información sobre cómo presentar estas denuncias y tienen hasta protocolos e instructivos que pueden ser consultados en la web. En términos generales, se pueden realizar a través de distintos canales: oficinas de atención al ciudadano, páginas web y líneas telefónicas.
Podemos agregar que existen numerosos instrumentos jurídicos que respaldan la presentación de denuncias en Venezuela, incluyendo nuestra Constitución Nacional, el Código Civil, el Código de Ética para Funcionarios Públicos, diversas leyes orgánicas y reglamentos emitidos por la Contraloría General de la República y otras entidades. Estos marcos legales proporcionan un soporte sólido para garantizar el derecho a denunciar.
En definitiva, participar activamente en los procedimientos de denuncia y hacer el seguimiento correspondiente, no sólo nos empodera como ciudadanos sino que también promueve una cultura de responsabilidad y justicia visto que cada denuncia puede ser un paso hacia un cambio positivo, porque al alzar nuestra voz y actuar frente a las injusticias, contribuimos a construir una sociedad más respetuosa del estado de derecho. Por lo tanto, nunca subestimemos el poder que tiene cada denuncia realizada; y continuemos exigiendo a las autoridades que tomen acción para no fomentar la impunidad.
Diannaly Muñoz Blanco: Abogada. Egresada del Diplomado Mujeres como Agentes de Cambio (organizado por Mujer y Ciudadanía). Directora del Centro de Asesoría Legal Padre Olaso. Profesional con un gran sentido de la justicia, alto nivel de experiencia en materia procesal, hidrocarburos, Derechos Humanos de las mujeres y equidad de género y un verdadero interés por asesorar y orientar a particulares para la solución de problemas legales así como su acompañamiento en trámites ante instituciones públicas o privadas, habilidades para redacción de documentos y recopilación de documentación e información.
