Las mujeres que ejercen el poder político ¿están blindadas a las críticas ciudadanas?/Soledad Moya Grondona/Noticias Iruya

Estudios científicos demuestran que las mujeres que ocupan posiciones de poder en el espacio público están sometidas a un escrutinio más intenso por parte de la opinión pública y a críticas más rigurosas que sus homólogos hombres. 

Que los juicios públicos sobre las mujeres que ejercen cargos de responsabilidad política sean más duros e implacables que los que se dirigen a los hombres con idéntica responsabilidad es tan malo como el pretender que las mujeres políticas, por el solo hecho de serlo, sean inmunes a las críticas ciudadanas y que disfruten de un blindaje especial contra los ataques políticos.

Muchas veces es difícil saber cuándo la censura política que se dirige a una mujer que ejerce un cargo de responsabilidad tiene componentes machistas y cuándo no. Lo que resulta contrario al sentido común democrático es considerar que todas las críticas que se dirigen a las mujeres con poder político tienen una motivación machista o sexista.

La criminalización de la crítica a la mujer con poder es un arma de doble filo, por cuanto el discurso de la igualdad de género -basado en el injusto reparto de los espacios de poder e influencia entre los sexos en el seno de una sociedad determinada- encuentra su sustento ético en el rechazo que genera el ejercicio disfuncional o abusivo del poder. No hay razón moral que impida, por tanto, rechazar y censurar el ejercicio del poder político por parte de una mujer cuando aquel poder se ejerce de una forma desviada y contraria a los intereses de una mayoría de ciudadanos.

Conviene no olvidar que la libertad de expresión ampara el derecho que tiene cualquier ciudadano de criticar abiertamente la mala gestión gubernamental y el uso desviado del poder, con independencia del sexo de las personas que lo ejercen. Pero lo que es más importante: también ampara el derecho de disentir de las políticas y estrategias oficiales«de igualdad» y el de criticar los excesos de la llamada «perspectiva de género».

Admitir lo contrario supondría solamente aumentar la discrecionalidad del poder, en la medida en que quien lo ejerce puede considerarse libre de hacer lo que desee sin afrontar ninguna consecuencia o repercusión negativa. Y ésta no es precisamente una buena contribución al objetivo de eliminar las injusticias y la desigualdad en el seno de nuestras sociedades.

La crítica política es uno de los pilares en que se sustenta el sistema democrático. Muchas veces el ejercicio del gobierno o de la oposición política asume la forma de ataques y las descalificaciones que se dirigen a los miembros de un gobierno o a los líderes de la oposición. En tanto estas descalificaciones no invadan el terreno del honor personal y se internen en el de la calumnia, son contempladas como recursos legítimos para erosionar la credibilidad de un gobierno, de un líder o de un partido político. En la mayoría de los casos estos ataques conllevan el empleo de una cierta dosis de violencia verbal, algo que por lo general los políticos en ejercicio admiten como un precio que se debe pagar por la exposición pública y por la responsabilidad que ejercen.

Ahora bien, cuando estos ataques y descalificaciones se dirigen contra una mujer política, algunos propugnan que se les dé el tratamiento de actos de violencia de género. Pero hacerlo no favorecería, a mi juicio, la igualdad que pretende conseguir y dañaría gravemente a la política, pues la inmunidad a la crítica democrática es siempre fuente de abusos de poder y de nuevas desigualdades.

Por último, decir o insinuar que determinada ministra es frívola o que carece de idoneidad suficiente no constituye, a priori, una discriminación del sexo femenino por considerarlo inferior al otro; es decir, no es una tacha sexista per se. La frivolidad -entendida como la ligereza o el carácter veleidoso e insustancial-, así como la inidoneidad, no son atributos de ningún sexo en particular. Y en política deben ser considerados como vicios que afean por igual tanto el carácter de un líder como el de una lideresa.

 

El combate contra la discriminación y la desigualdad debe librarse con armas limpias y no utilizando, al revés, los mismos instrumentos con que los detentadores del poder oprimen a las minorías y postergan a los grupos desfavorecidos. Si la defensa de los derechos de las mujeres se aparta de la ética y de la justicia, sus conquistas serán meramente aparentes y se condenará a las futuras generaciones a vivir nuevas situaciones de desigualdad, discriminación e injusticia.