Partiendo de la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fortalecer la
recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada y vistas los recientes acontecimientos bélicos europeos; los estados
occidentales han promovido el rastreo, identificación, bloqueo y decomiso de los fondos de
origen ilícito detentados por oligarcas rusos. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión
Europea y Suiza han impuesto sanciones económicas internacional en contra de un número
determinado de ciudadanos rusos, como se ha hecho en el pasado y aún se mantiene en
vigencia, para con una larga lista de cleptócratas venezolanos, familiares y asociados. Estas
sanciones comprenden el embargo y decomiso de sus bienes para así reunir los fondos
necesarios para socorrer a los refugiados que salen de Ucrania.
Es la primera vez que sucede algo similar. Por lo general, la recuperación de activos
robados al tesoro de países (en desarrollo) se materializa mediante un proceso legal en el que
una vez decomisados los fondos, estos son restituidos a su propietario original. Esto es, al país
de origen de los fondos, siempre que se llenen las condiciones necesarias para ello y los fondos
sean invertidos en proyectos sociales. Ahora bien, en el caso Rusia-Ucrania se está planteando
un nuevo escenario que sienta precedente para futuros casos de recuperación de activos
saqueados del erario público. Estos fondos podrían ser empleados para socorrer en forma
directa a los habitantes del país saqueado, sin necesidad de revertir los fondos en su Banco
Central.
En caso de que haya sido posible bloquear y confiscar los fondos saqueados pero que no
se cumplan las condiciones jurídicas y políticas para retornar los fondos al país de origen, esta
autora sugiere que los activos sean asignados a programas sociales de ayuda a los migrantes
necesitados del país de origen de los activos1
. En estos casos, la restitución internacional de
activos no retornaría al país de origen de los fondos malversados, sino a los ciudadanos del país
de origen de los fondos que han migrado masivamente hacia países vecinos creando un caos
regional e internacional. Lo anterior ocurre cuando los países vecinos no están en la capacidad
estructural y económica de recibir masivamente a migrantes, porque simplemente no existen
planes de contingencia para la recepción de migrantes en determinados continentes donde esta
situación no es la regla ni la costumbre.
Los regímenes violentos u opresivos, o aquellos que fallan o se niegan a proteger a su
población, son responsables de gran parte de la migración forzada en el mundo. Esos regímenes
a menudo también son corruptos, roban de sus tesorerías y colocan los activos derivados de la
corrupción en centros financieros offshore para su propio beneficio
. Es por este motivo que
dos agentes no estatales como el Centre for International Governance Innovation y el World
Refugee Council, ambos en Canadá, proponen aumentar los fondos disponibles para cubrir las
necesidades de los refugiados que huyen de países controlados por cleptócratas, bloqueando y
confiscando los fondos que estos últimos han saqueado. Según los agentes no estatales
canadienses antes citados, el bloqueo y confiscación de fondos derivados de la corrupción en
manos de funcionarios deshonestos serviría para acabar con su impunidad y responsabilizarlos
de sus actos3
.
Cuando las jurisdicciones en las que se colocan los activos derivados de la corrupción
son identificados y bloqueados, por períodos prolongados, posteriormente, son confiscados, en
virtud de una orden judicial, por disposición legal o por sanciones económicas impuestas por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la Unión Europea o por el país receptor
de los fondos. Mientras todo ello sucede, los países limítrofes y cercanos al país de origen de
los fondos deben financiar el costo de acomodar a masivas cantidades de refugiados, que se
desplazan debido a la mala gobernanza de su país de origen4
.
Un ejemplo práctico facilita la comprensión de la propuesta y para ello se empleará
seguidamente el caso de la migración masiva de venezolanos entre 2016 y 2021 hacia
Colombia. Según las cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), se trata de más de cuatro millones de personas que se han desplazado
hacia países latinoamericanos, de los cuales, 1.7 millones se encuentra en Colombia5 y de más
de seis millones de venezolanos que han emigrado. Colombia se encontraba hasta hace poco
en una fase económica relativamente positiva, en un proceso no muy exitoso de transición hacia
la paz y en forma casi inesperada se vio constreñido a recibir a casi dos millones de extranjeros
del país vecino que llegan a pie, de a cinco mil por día, sin más que un equipaje de mano.
Colombia, a pesar de no haber todavía solventado sus propios problemas políticos y
sociales ni la situación de sus propios desplazados internos, debe ahora ofrecer protección a un
número indeterminado de venezolanos con hambre, problemas domésticos, sociales,
económicos, de salud y sin un documento de identidad vigente. Este país carece de
infraestructura, recursos humanos y financieros para sustentar comida, vivienda, asistencia
médica y educación para la gran cantidad de recién llegados que sufren de alguna enfermedad
o simplemente de desnutrición. Para regularizar a estos venezolanos, el gobierno colombiano
adoptó el Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos bajo régimen de
protección temporal propuesto por el gobierno de Colombia que entró en vigencia el 29 de
mayo de 2021 y permitirá al venezolano acreditar su permanencia en Colombia para los efectos
de la acumulación del tiempo requerido para aplicar a una visa de residente (visa tipo R)6
. Su
implementación requiere de unos 108.4 millones de dólares según cifras de ACNUR7 y las
fuentes de financiamiento escasean.
Para que se materialice la restitución internacional de activos de procedencia ilícita
originaria de Venezuela, sería necesario que los centros financieros offshore (CFO) rastreen,
identifiquen, bloqueen y confisquen los activos de procedencia ilícita de detentores
venezolanos, funcionarios o exfuncionarios públicos venezolanos, asociados y familiares que
forman parte de la cleptocracia de ese país. El CFO debe posteriormente celebrar un acuerdo o
memorando de entendimiento8
con diferentes stakeholders para implementar la restitución de
los activos saqueados del tesoro venezolano, a través del financiamiento de programas
destinados a beneficiar a los habitantes de Venezuela que se han visto forzados a dejar el país.
Concretamente, en este caso hipotético los beneficiarios de los fondos a restituir serían los
venezolanos que han llegado a territorio colombiano.
El CFO suizo ha celebrado muchos de estos acuerdos bilaterales o trilaterales en los casos
de restitución internacional de activos de procedencia ilícita de personas expuestas
políticamente entre los que podrían mencionarse los casos de Angola9
, Kazakstán10 o Nigeria11
.
En el caso de Suiza, el acuerdo podría ser celebrado entre la Secretaría de Estado para Asuntos
Económicos (SECO)12 de ese país, por un lado, y por el otro, ACNUR, o la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)13 regional, o el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)14, o la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER)15, u ONG colombianas como
Cáritas o Amnistía 16
, ONG venezolanas con presencia en Colombia y el gobierno de
Colombia17. Los agentes no estatales, los organismos multilaterales y el gobierno de Colombia
participarían como garantes del proceso de restitución internacional de activos derivados de la
corrupción al pueblo de Venezuela que haya migrado hacia Colombia18, mediante el desarrollo
de programas sociales educativos, sanitarios o culturales. La SECO y FINDETER son aliados
estratégicos para el desarrollo de proyectos estructurales en Colombia. La iniciativa de
ciudades sostenibles emergentes del BID para formular planes de acción con intervenciones
estructuradas para ciudades latinoamericanas emergentes, con el fin de fomentar su desarrollo
sostenible e impactar positivamente la calidad de vida de sus habitantes, es implementada en
colaboración con FINDETER19 en Colombia20, por lo que este organismo colombiano podría
ser un interesante socio contractual que implemente proyectos sociales concretos que
beneficien a la población venezolana en Colombia.
La restitución internacional de activos planteado debería enmarcarse en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, por lo que tendrían
que identificarse proyectos y actividades que permitan la implementación de estos objetivos.
Como parte de los considerandos del acuerdo antes propuesto, se podrían mencionar las metas
10.7, 16.4 y 16.9 de los ODS de la Agenda 2030, sobre facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas y otorgar una identidad jurídica a
todos, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
– como el Estatuto temporal. Todo ello con la intención de reducir significativamente las
corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y restitución internacional
de los activos derivados de la corrupción y luchar contra todas las formas de delincuencia
organizada21
.
La restitución internacional de activos malversados de origen venezolano mitigaría el
daño que se está causando a Colombia, a los colombianos y a la subregión. También aliviaría
el sufrimiento de los venezolanos producido por la pérdida de sus casas, de su entorno, de su
familia, sus amigos, su trabajo, su gente, de su país y, en muchos casos, de su dignidad. En
forma indirecta, la disminución de la crisis migratoria venezolana en suelo colombiano
impactaría positivamente la subregión latinoamericana, por cuanto, los venezolanos
regularizados podrían establecerse en Colombia y poner fin al peregrinaje continental. La
restitución internacional de activos de origen venezolano de procedencia ilícita que reposan
pasiblemente en muchos CFO no pondrá fin a la causa principal de la migración masiva, pero
apaciguará y aliviará sus nefastas consecuencias.
De esta manera concluye la propuesta sobre el uso que debe dársele a los activos
derivados de hechos ilícitos como la corrupción a gran escala, confiscados en un centro
financiero offshore.
