Vivimos en el territorio, pero no es nuestro”: mujeres del Bajo Atrato

Fuente : Verdadabierta.com

Al desplazamiento, silenciamiento y otras violencias se enfrentan decenas de mujeres reclamantes de tierra y defensoras del territorio en Carmen del Darién, Unguía y Riosucio, en Chocó. Según ellas, los lugares que habitan son dominados por grupos armados y terceros que tienen intereses en la ganadería o la agroindustria.

Mientras uno está acá, lo llaman para decirle: ‘asesinaron a tal líder’”, expresó, con dolor e impotencia, una mujer negra de Riosucio, Chocó, que tiene un turbante en la cabeza y una sola trenza sujetándole el pelo. 

“La violencia no ha cesado —continuó—. Ahora lo hacen diferente, hay una violencia de silencio y es que tu no puedes decir nada. Si quieres estar dentro del territorio debes estar callada. Saber que se le llevaron su hijo, que le asesinaron su hijo, que le violaron a su hija… es duro no poder decir nada. Es algo que te mata desde el alma, el espíritu. ¡Es frustrante! Esa es la guerra que se está librando en los territorios: el silencio”.

Su voz se escuchó alrededor de una mandala de alimentos y plantas tradicionales del Pacífico, elaborado por un grupo de mujeres, negras e indígenas, reclamantes de tierra y defensoras del territorio del Carmen del Darién, Riosucio y Unguía, municipios del Bajo Atrato chocoano, como preámbulo a la presentación ante Nadiezdha Henriquez, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de los problemas que afrontan por los intereses de los grupos armados y económicos dedicados al acaparamiento de las tierras de la región.

Estos intereses se extendieron por las ricas tierras del Bajo Atrato desde finales de la década del noventa, cuando empresarios y ganaderos se hicieron a tierras abandonadas forzadamente por las comunidades étnicas, para llenar el territorio de árboles de teca, semovientes, banano y palma africana. 

En el caso de la palma, esas plantaciones fueron caracterizadas por la justicia como un “complejo engranaje criminal” que buscaba convertir el Bajo Atrato chocoano en la más extensa área cultivada para impulsar la extracción de aceite. Así, empresarios ponían el capital y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), conducidas por Vicente Castaño, aportaba los terrenos que habían adquirido en negocios en los que sus ejércitos ilegales imponían los precios de compra o que obtenían asesinando selectivamente y desplazando a las comunidades (Leer más en A la cárcel 16 empresarios de palma de Chocó y “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)

Sin embargo, poco se ha hablado de las afectaciones que durante tantos años padecieron las mujeres de esa zona del Pacífico y que persistieron entre 2011 y 2021, lapso en el que se cumplieron 10 años de haberse promulgado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. (Leer más en Diez puntos clave de la Ley de Víctimas)

Curiosamente, cuando entró en vigencia ese mecanismo de reparación, las mujeres de Carmen del Darién recordaron que para esa  época ingresaron a sus territorios ‘Los Rastrojos’, un grupo armado surgido de las entrañas del narcotráfico del norte del Valle del Cauca y potenciado tras la desmovilización de las Auc. Tras ellos llegó una proliferación de amenazas contra las comunidades.

Poco más de una década después, todas coincidieron en que el territorio del Bajo Atrato, que en el pasado se disputaron las Farc y las Auc, hoy está cooptado por el grupo de origen paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (Agc).

La zona montañosa que está al occidente del municipio de Unguía “es de los armados”, afirmó, en diálogo con VerdadAbierta.com, una lideresa del municipio que prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad. “Hay que avisarle a ellos —las Agc— cuando llega una persona distinta del territorio”, dijo otra mujer y una más complementó: “los actores armados están como primera ley, no hay garantías para representar los procesos”.

La voz de estas mujeres quedó recogida en el informe Mujeres: cuerpos y territorios despojados en el Bajo Atrato,  que le fue entregado hace un par de semanas a la JEP en un evento realizado en el municipio de Apartadó, Antioquia, y cuyo proceso de elaboración fue apoyado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), en desarrollo del proyecto Vamos por La Paz, integrado por trece organizaciones de la sociedad civil colombiana y por diez organizaciones de la Red Francia Colombia Solidaridades (RFCS).

Las mujeres que hicieron parte del proceso de elaboración del informe ratificaron una visión innegociable: que los cuerpos de las mujeres indígenas y negras del Bajo Atrato están vinculados con sus territorios. Es ese lugar donde están los sueños, los temores o la memoria, y que se concibe de manera comunal, ancestral, para compartir y sobrevivir en la tierra.

“Las violencias contra las mujeres y sus impactos suelen ser consideradas ‘menos graves’ o simplemente parte de la experiencia de ‘ser mujer’”, llama la atención el documento. La razón, según la investigación, es que en contra de ellas se expresan formas de exclusión y marginación históricas, ejercidas “en razón de construcciones de raza y clase que recaen sobre las mujeres y sus territorios desde el proceso de colonización”.

El Bajo Atrato se debate entre territorios colectivos de consejos comunitarios de comunidades negras, resguardos indígenas y propiedad privada, en algunos casos traslapadas con territorios colectivos, lo que hace más intensa las disputas por la tierra. La investigación recalca que en esa región hay quince resguardos indígenas y veintidós consejos comunitarios conformados, muchos de los cuales se encuentran en pugna con terceros por la tierra.

“Para las mujeres —asevera el informe—, la zona cercana a la casa es, justamente, la que usan para el cultivo de pancoger, para la cría de animales de corral y la siembra de hierbas medicinales”. 

En una de las sesiones que las organizaciones realizaron para construir este documento, recogieron la voz de una mujer negra de Carmen del Darién que expresó la relación de ellas con la tierra: “La mujer, así supiera que se va a desplazar, siempre está pensando dónde sembrar la cebolla, poner su planta, así supiera que se tiene que ir pronto de ahí”.

Esta visión sobre el territorio ha sido difícil de conciliar. Según este informe, las comunidades negras han fijado más su relación con la tierra como patrimonio, mientras que los ganaderos o empresarios agroindustriales “considera las tierras de la subregión como baldíos de la Nación ineficientemente explotadas y marginadas de las tendencias del desarrollo”. En resumen es concebir a la tierra y el territorio como bienes por explotar.

Así se lo recordó una mujer negra de Riosucio a la magistrada Henriquez, para que sea tenido en cuenta en el macrocaso abierto  por la JEP a través del cual se investiga la situación territorial  de la región de Urabá, que abarca municipios de Antioquia y  Chocó: “En nuestra comunidad, la cuenca de los ríos La Larga y Tumaradó se está viviendo una violencia hacia la mujer por parte de grupos al margen de la ley y de empresarios que ven la naturaleza como un sujeto de extracción, igualmente que el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer del Bajo Atrato tiene un vínculo, un tejido muy fuerte con la naturaleza”.

Las investigadoras del CINEP se valieron de líneas de tiempo y cartografías sociales para recoger con las comunidades la información y hacerle frente al miedo. “El temor y la desconfianza permanentes, derivadas de la presencia de los actores armados y no armados en el territorio, hizo que los encuentros estuvieran llenos de silencios, precisiones que no se podían realizar y una sensación permanente de incertidumbre”, explica el documento.

Una de las situaciones identificadas a través de esas cartografías aplicadas en Carmen del Darién y Unguía fue que sobre los ríos y afluentes de esa región las mujeres sienten miedo y dolor. Principalmente porque han sido usados para la desaparición de cuerpos y por el incesante control que los grupos armados que navegan sus aguas imponen a ciertas horas y tramos. 

Actualmente, según dijeron varias lideresas en conversaciones con este portal, los brazos de agua se están viendo comprometidos con el cultivo y procesamiento de la hoja de coca para uso ilícito. “Esos químicos nos afecta a nosotros como comunidad, nos afecta la naturaleza, el agua. Nosotros sin agua no somos nada”, afirmó una de ellas.

Las mujeres son testigos de cómo en los últimos años en sus municipios han incrementado los sembradíos del cultivo ilegal. “Hay intereses de los grupos armados relacionados con la siembra de cultivos ilícitos”, resaltó una joven reclamante de 17 años de Riosucio. 

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), Unguía pasó de 12,67 hectáreas cultivadas en 2019 a 175,24 hectáreas en 2020; Riosucio, de 148,83 hectáreas en 2019 a 155,65 hectáreas en 2020. En el Carmén de Darién es lo contrario: pasó de 232,42 hectáreas en 2019 a 192,67 en 2020.

El informe reconoce que en Curvaradó (Carmen del Darién), las zonas humanitarias de Nueva Esperanza, Andalucía, Costa Azul, Camelias, Guamo, Caño Manso y Caracolí son consideradas lugares relativamente seguros ante la presencia de los actores armados porque por allí no suelen transitar y por el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales. 

Sin embargo, la presencia de personas vestidas de civil que hacen parte de las Agc, llamados ‘puntos’, las hacen sentir inseguras, pues cumplen el rol de informar a sus superiores los movimientos de las comunidades por ríos y carreteras. “Jovencitos que estudiaron conmigo en el colegio ahora uno los ve con armas como ‘puntos’ dando permiso a una para entrar al territorio”, contó una joven lideresa reclamante de tierras de Riosucio. “La necesidad empuja a la gente a esas dinámicas”, lamentó.

De otro lado, las comunidades embera de Alto Guayabal que establecieron su territorio a inmediaciones del río Jiguamiandó tienen varios lugares sagrados a los que no pueden acceder porque las Agc y la guerrilla del Eln transitan por esos sitios .

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