Carmen Navas, la madre de 83 años que recorrió la cárceles en busca de su hijo que el Estado ya había enterrado
Carmen Navas recorrió distintos centros de detención y en todos le negaron el paradero de Víctor Hugo, un calvario que comenzó el 1 de enero de 2025
(7 mayo 2026) No hubo puerta que no tocara durante la prolongada búsqueda que Carmen Navas, de 83 años de edad, mantuvo para encontrar a su hijo Víctor Hugo Quero, de 51 años de edad. Un rastreo que finalizó la tarde de este jueves 7 de mayo, tras conocerse un comunicado emitido por las autoridades del gobierno de Delcy Rodríguez.
Luego de una verdadera peregrinación de la señora Navas por centros de detención y organismos de justicia, el Ministerio Penitenciario reveló que Quero falleció el 24 de julio de 2025.
El calvario de la mujer comenzó el 1 de enero de 2025, cuando su hijo fue detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Plaza Venezuela, en Caracas.
Carmen, a pesar de su avanzada edad, comenzó a buscar a Víctor por distintas sedes policiales y militares del país, como Dgcim Boleíta, El Helicoide, La Yaguara, La Zona 7 y El Rodeo I, en el estado Miranda, donde reclusos confirmaron haberlo visto enfermo, pero las autoridades siempre negaron que estuviera en ese centro penitenciario.
No cesó en saber dónde estaba su hijo y su rostro apacible, mirada triste y voz cálida empezó a ser parte, también, de las marchas, protestas, por la libertad de los presos políticos
Durante 16 largos meses de búsqueda solo hubo un silencio oficial. La madre de Quero acudió a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, a la Asamblea Nacional y otras instancias del Estado y en ninguna obtuvo respuesta.
A pesar de ser acusado de terrorismo por la supuesta posesión de explosivos, testigos presenciales sostienen que Víctor Hugo solo transportaba hallacas y bombones para festejar el Año Nuevo en compañía de su madre.
Causa de la muerte de Quero, según la parte oficial
La cartera de cárceles relató que Quero murió el 24 de julio de 2025 a las 11:25 p. m., luego de haber permanecido diez días bajo atención médica.
Según el comunicado oficial, el detenido habría sido trasladado el 15 de julio al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, tras presentar un cuadro clínico crítico por una supuesta «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».
El deceso, dicho por el despacho ministerial, se produjo finalmente por una supuesta «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar».
El documento detalla que el acta de defunción quedó registrada bajo el número 2635 en la parroquia Santa Rosalía, del municipio Libertador de Caracas.
Asimismo, la institución justificó que, ante la supuesta falta de datos sobre vínculos familiares y el hecho de que nadie acudió a las visitas formales durante su reclusión en el Internado Judicial Rodeo I, el Estado procedió a su «inhumación formal» el 30 de julio de 2025. Vale recordar que en esa misma cárcel se le negó en distintas ocasiones la reclusión de Quero a su madre.
El Ministerio asegura que la medida de inhumación se tomó en cumplimiento de los protocolos de ley ante la ausencia de parientes en ese momento.
Un bloqueo judicial
Además de la negación en los diferentes entes del Estado, Carmen Navas también se enfrentó a la indiferencia de los tribunales judiciales de la ciudad de Caracas.
El pasado 6 de abril, un tribunal se negó a recibir un habeas corpus introducido para exigir información sobre el paradero y el estado de salud de su hijo.
En esa oportunidad, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, quien acompañó a la madre de la víctima al Palacio de Justicia, explicó que la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos rechazó el recurso sin ofrecer ninguna justificación, pese a estar obligada por ley a recibirlo.
“Intentamos interponer un habeas corpus porque al día de hoy Víctor no aparece. Teníamos información de que estaba en Rodeo I, pero desde octubre no dan información sobre él. Hoy no nos aceptaron el habeas corpus”, denunció Romero en esa oportunidad.
Este 6 de mayo, el Tribunal Segundo de Control rechazó la solicitud de amnistía para Víctor Hugo. El abogado Moisés Gutiérrez, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó este miércoles, junto a la madre de la víctima, que el tribunal había desestimado el recurso.
“El tribunal argumentó que los delitos imputados a Quero Navas —entre ellos traición a la patria, conspiración y terrorismo— no califican dentro de los beneficios de la Ley de Amnistía”, dijo el abogado.
Ante el silencio del Estado, el pasado 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a favor de Quero Navas y su madre, Carmen Navas, al considerar que sus derechos a la vida e integridad enfrentaban un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
El organismo denunció la falta de información oficial sobre el paradero y estado de salud de Quero tras su detención en enero de 2025, además de advertir sobre actos de intimidación contra su madre, por lo cual instó al Estado a proteger a ambos, confirmar la ubicación del beneficiario y garantizarle comunicación inmediata con sus familiares y abogados.
Denuncias de hostigamiento
A la desaparición de su hijo se suma lo que Navas describe como un hostigamiento constante. Denunció que colectivos, civiles armados, se apostaron cerca de su vivienda para intimidarla y que recibió amenazas de muerte.
También aseguró que personas desconocidas estarían exigiendo un pago en euros a un socio de su hijo en España, al aprovecharse de la incertidumbre para intentar extorsionar.
“Hay una persona que está pidiendo euros por él”, afirmó la madre durante una manifestación pacífica en Altamira.
Exigencias de investigación independiente
Organizaciones defensoras de derechos humanos reaccionaron con severidad ante la confirmación del deceso y calificaron el hecho como una «muerte bajo custodia» que el Estado intentó ocultar.
Marino Alvarado, integrante de la ONG Provea, en una entrevista para Efecto Cocuyo instó al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio que incluya al ministro Julio García Zerpa y al exfiscal Tarek William Saab. Señaló que se ocultó la muerte a la familia.
«¿Acaso murió como consecuencia de torturas? Eso es parte de lo que tiene que investigar el fiscal general», dijo Alvarado y enfatizó que toda muerte de un preso bajo tutela estatal debe considerarse «potencialmente ilícita» y no puede normalizarse mediante un simple comunicado.
Por su parte, Marta Tineo, abogada y defensora de derechos humanos de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, exigió una investigación exhaustiva y aplicar los estándares del Protocolo de Minnesota.
Tineo denunció una grave contradicción en las fechas del relato oficial: mientras el Ministerio afirmó que Quero murió en julio de 2025, la Defensoría del Pueblo informó a la familia en octubre de ese mismo año que el ciudadano aún estaba recluido en El Rodeo I.
«Esta contradicción exige una explicación oficial verificable y constituye un elemento suficiente para cuestionar la integridad de los registros estatales», sentenció la activista.
La defensa técnica sostiene que el caso reúne los elementos de una «desaparición forzada», dado que existió una negativa efectiva de información y contradicciones estatales que se mantuvieron hasta la reciente notificación.
Tineo desmintió la versión oficial sobre el supuesto desconocimiento de los familiares y aseguró que existen registros de múltiples gestiones realizadas por Carmen Navas ante el Ministerio Público. Para la ONG, el Estado falló en su «deber de garantía y protección» y ahora está obligado a permitir mecanismos de investigación externos.
Finalmente, las organizaciones exigen que las experticias médico-forenses sean realizadas por especialistas independientes para garantizar la transparencia que las instituciones actuales no ofrecen.
Presos políticos muertos bajo custodia del Estado
Con la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, la cifra de presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado venezolano asciende a 26.
El caso destaca porque las autoridades negaron el paradero de Quero Navas a su familia y procedieron con una inhumación secreta tras su fallecimiento, por lo que organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente que incluya a altos funcionarios que ignoraron el petitorio de Carmen Teresa Navas.
Fuente: Efecto Cocuyo
