Paloma no pudo ¿Podrá Keiko?

(1 junio 2026) En las elecciones celebradas ayer, domingo en Colombia la candidata Paloma Valencia no pasó a la segunda vuelta, la pregunta ahora es si Keiko Fujimori podrá convertirse en presidenta de Perú uniéndose a las mujeres que ya han obtenido ese logro. Conoceremos el perfil de estas dos mujeres en esta edición de Mujer Analítica.
Paloma Valencia se presentó a la Primera Vuelta en Colombia con una estrategia de acercarse al centro político. Senadora, disputó el tiquete de centro derecha y derecha al balotaje de De la Espriella. Valencia pertenece a una dinastía familiar conocida en Colombia, que incluye al expresidente conservador Guillermo León Valencia, abuelo de la candidata.
Graduada en derecho y economía, la senadora ha sido una firme crítica de Petro en esta legislatura, destacando por su discurso partisano y contestario en el Congreso.
Promovió el voto por el No en el plebiscito por la paz en 2016 y desde entonces ha cuestionado la implementación del acuerdo entre el Estado y las FARC. La uribista Paloma Valencia fue la ganadora de una consulta con más de 3,2 millones de votos de sectores de centro-derecha.
Sus propuestas se enmarcan en lo que analistas políticos en Colombia denominaron «derecha institucional». En seguridad propuso una línea endurecida: aumentar el gasto en defensa y reforzar la Fuerza Pública. Se pronunció en contra de la política de «paz total» de Petro. Además, planteó reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos a empresas y patrimonios y apoyar emprendimientos con créditos.
Su estrategia «más moderada» cedió paso a la derecha radical de De la Espriella y perdió fuelle
¿Podrá Keiko?
A los 50 años, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, vuelve a postularse por cuarta ocasión a la presidencia de Perú
La situación actual del país, marcada por la inseguridad y el descontento ciudadano, podría jugar a su favor, según expertos. Keiko se ampara en el legado de su padre, destacado por políticas que restauraron el orden interno durante los años 90. En sus discursos, enfatiza la conexión entre aquellas medidas y su capacidad para abordar los desafíos de seguridad en la actualidad. La politóloga Denisse Rodríguez-Olivari comenta que este enfoque resuena con un electorado cansado de la inestabilidad y que asocia a los Fujimori con la restauración de la calma en el pasado.
Aun así, Keiko continúa lidiando con el persistente freno que representa el antifujimorismo, una de las corrientes políticas más profundamente asentadas en el país. Este rechazo, nutrido por los casos de corrupción, las vulneraciones a los derechos humanos y la acumulación de poder ocurrida durante el gobierno de Alberto Fujimori, ha sido determinante para impedir que Keiko llegue a la presidencia.
En cuanto a sus fortalezas, se reconoce que Fuerza Popular se ha posicionado como una de las agrupaciones políticas más disciplinadas y con mayor presencia parlamentaria en el país. Se resalta que la firme estructura del partido le brinda una ventaja notable dentro de un escenario político marcado por la inestabilidad. Keiko conserva un núcleo consistente de votantes fieles, lo que le aporta continuidad en cada contienda electoral.
Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la líder del partido Fuerza Popular y candidata presidencial en cuatro ocasiones, hija del expresidente Alberto Fujimori. Nació el 25 de mayo de 1975 en Lima, Perú, siendo la hija mayor de Alberto Fujimori y Susana Higuchi, ambos de ascendencia japonesa. A los 19 años, tras la separación de sus padres, asumió el cargo de primera dama del Perú entre 1994 y 2000, convirtiéndose en la más joven en la historia de América Latina. Durante este período, dirigió la Fundación para los Niños del Perú y la Fundación Cardioinfantil, enfocadas en la atención de niños con cardiopatías. Estudió Administración de Empresas en Estados Unidos, primero en la Universidad de Stony Brook y luego en la Universidad de Boston, donde obtuvo su licenciatura en 1997 . Su formación académica se complementó con experiencia en gestión y liderazgo político.
Por: Ernestina Herrera, Periodista
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Keiko Fujimori
Eddie Cóndor Chuquiruna
Keiko Fujimori simboliza hoy un casillero de la política peruana anclado en un autoritarismo heredado que ha marcado al país durante décadas. La herencia del gobierno de Alberto Fujimori -con Vladimiro Montesinos, la captura del Estado por parte de cúpulas militares y policiales, y redes clientelares- no es un recuerdo lejano; reaparece cuando la política se organiza alrededor del control de instituciones, la concentración del poder y la tolerancia frente a prácticas corruptas sistemáticas.
Su figura dejó de ser solo la de una candidata recurrente; es un factor polarizador que profundiza una crisis institucional cuyo saldo es visible. Perú ha tenido múltiples presidentes que no concluyeron su mandato, el proceso democrático ha sufrido desgaste y las instituciones encargadas de proteger derechos y garantizar justicia muestran fracturas evidentes. El diagnóstico no es teórico. En los últimos años hemos visto decisiones y comportamientos de órganos clave que confirman la erosión y la captura institucional, como en la dictadura de los 90.
El comportamiento del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Congreso -hoy en un ecosistema de prácticas que atemorizan, favorecen la autocensura y reflejan impunidad frente a diversos crímenes- lleva la autógrafa de Keiko Fujimori.
La trayectoria política de Keiko Fujimori encaja en este cuadro; su proyecto combina conservadurismo social, populismo clientelista y una clara vocación por concentrar poder. Su persistencia en el liderazgo no responde tanto a un programa renovador como a una maquinaria política que, pese a múltiples investigaciones por lavado de activos y presunto enriquecimiento ilícito, mantiene una base leal (alrededor del 15% del electorado). Esa paradoja -apoyar liderazgos cuestionados jurídicamente en nombre de la “estabilidad”- ha normalizado la tolerancia a prácticas que minan la transparencia y la rendición de cuentas.
Quienes respaldan a Keiko Fujimori suelen priorizar lo económico sobre lo institucional; valoran en ella la garantía de continuidad del modelo de libre mercado y relegan las discusiones sobre el marco institucional como si ambas cosas fuesen “cuerdas separadas”. Pero en puridad, el fujimorismo promueve un mercado pensado para sus clientes empresariales -los grandes gremios mercantilistas- y no para la competencia amplia en beneficio de la mayoría. Ese enfoque es coherente con su esquema de control concentrado de las instituciones. En realidad, un esquema institucional democrático y el respeto al Estado de derecho son condiciones necesarias para un mercado competitivo y para que el Estado cumpla su rol subsidiario en los ámbitos que no resultan rentables para el sector privado. El fujimorismo está muy lejos de ese ideal liberal; no son liberales, son mercantilistas. Encima corruptos.
Criticar a Keiko Fujimori y al fujimorismo no es un acto de revancha histórica; es una exigencia moral y democrática. El retorno de modelos que priorizan el control institucional por encima de su fortalecimiento reproduce patrones que han dejado, entre otras consecuencias, violaciones a derechos humanos, captura estatal y una cultura de impunidad. Con frecuencia, la manipulación de normas (leyes pro crimen y otras) y la instrumentalización de la justicia sirven para sortear límites constitucionales y concentrar poder, produciendo una democracia formal cada vez más vacía de contenido real.
La pregunta relevante no es cuánto tiempo más aceptará el país la receta de volver a confiar el timón a quienes históricamente han priorizado el control de las instituciones. Es si la sociedad -partidos, organizaciones civiles, profesionales del Derecho y ciudadanía- podrá articular una alternativa que deje de normalizar la captura del Estado. Rechazar la repetición de modelos autoritarios no significa expulsar actores por venganza, sino exigir reglas del juego y consecuencias: investigar, sancionar y prevenir la corrupción; proteger la independencia judicial; y reconstruir organismos de control que trabajen en favor del interés público.
Quienes hoy respaldan a figuras como Keiko Fujimori deberían preguntarse si su apoyo contribuye a perpetuar prácticas que socavan derechos y debilitan instituciones, o si están dispuestos a impulsar cambios reales. El país merece un proyecto que no reproduzca autoritarismo ni corrupción, sino que los limite, los sancione y cree condiciones para una democracia más robusta y genuina.