En la ONU piden liberar a la jueza Afiuni y critican el juicio contra López/El Universal
El Presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias reiteró ante el Consejo de Derechos Humanos sus críticas a ambos procesos judiciales.
Los procesos contra la suspendida jueza María Lourdes Afiuni y la reciente condena al dirigente opositor Leopoldo López le volvieron a valer nuevas críticas al sistema judicial venezolano en Naciones Unidas.
Ayer, durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, el presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, Seong-Phil Hong, insistió en su petición para que Afiuni sea liberada «inmediatamente» y para que las autoridades nacionales le proporcionen «una reparación adecuada y efectiva» contra una medida que tacharon de «represalia» por un fallo, reseñó el portal RIDH/Panorama.
La delegación venezolana acusó al Grupo de «mentir descaradamente» y afirmó que este caso no es ninguna retaliación sino un proceso contra una funcionaria que permitió «la evasión (…) del exbanquero Eligio Cedeño, juzgado por estafa de cerca de 30 millones de dólares (…) quien en 2009 se fugó a Estados Unidos», luego de que Afiuni le otorgara una medida cautelar tras haber pasado más de dos años tras las rejas sin haber sido enjuiciado, el lapso máximo que permite la legislación.
Pero el experto no solo molestó a la representación nacional por sus opiniones sobre el caso Afiuni, sino también por las que emitió sobre el caso de Leopoldo López, a quien reiteró que considera víctima de una «detención arbitraria» y, por ende, reiteró su petición para que sea liberado, vistas las violaciones al ejercicio del derecho a la protesta y el respeto del debido proceso.
La delegación venezolana defendió la condena a casi 14 años de prisión impuesta al exalcalde de Chacao, la cual calificó de «ajustada a derecho, adoptada por un Tribunal de la República, que impuso sanciones penales» contra «un opositor violento»; y aseguró que el proceso cumplió «todos los pasos garantizados en el ordenamiento jurídico» y que el líder fundador de Voluntad Popular pudo ejercer «con plena libertad su legítimo derecho a la defensa».
Tanto el Ministerio Público como las juezas de Control, Adriana López; y de Juicio, Susana Barreiros, le negaron a la defensa de López la posibilidad de presentar pruebas durante el juicio recién culminado para refutar la acusación fiscal. Solo uno de los 68 testigos y expertos promovidos fue aceptado, aunque al final no terminó declarando porque Barreiros no lo consideró innecesario. Estas decisiones fueron avaladas por la Corte de Apelaciones de Caracas y la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Con información de Juan Francisco Alonso
