Fuente: EFE
Por: Cristina Bazán
27 de septiembre 2024
Norma tenía 12 años cuando fue violada por su padre, del que quedó embarazada, pero pese a su edad y al riesgo que corría al mantener ese embarazo no pudo acceder a servicios de salud reproductiva en su natal Ecuador ni se le ofreció alternativas al parto y la crianza. Su agresor tampoco fue procesado por el crimen que cometió.
Su historia es una de las que podría cambiar el panorama de la penalización del aborto en América Latina y el Caribe, si el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo al que llegó este caso junto con el de Fátima de Guatemala, y Lucía y Susana de Nicaragua, ordena a los países que consideren al aborto como un servicio esencial de salud que no tiene que regularse por la vía penal. Esa decisión podría llegar en los últimos meses de este 2024.
“Todas fueron sobrevivientes de violencia sexual cuando tenían menos de 14 años. A ellas las violaron hombres que tenían una relación reforzada de poder frente a ellas. En un caso fue el padre biológico; en otro, el abuelo biológico y materno; un sacerdote de una escuela, y un ex funcionario público que además hacía parte de la institución que en Guatemala se encargaba de proteger a la niñez”, explica a Efeminista Carmen Martínez, directora asociada de Estrategias Legales para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
El Centro es una de las organizaciones que litiga estos casos junto a Planned Parenthood Global, Surkuna, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala y Mujeres Transformando el Mundo, que conforman el movimiento Niñas, no madres.
Como Norma, producto de esa violencia sexual, las otras tres niñas también enfrentaron embarazos no deseados. “Y cuando manifestaron ante distintas autoridades que ellas no querían seguir con ese embarazo producto de la violación no solamente no se las escuchó, sino que se las estigmatizó, desescolarizó y enfrentaron violencia obstétrica en sus partos”, agrega.
Las historias de cuatro niñas víctimas de violencia sexual
Estas historias, señala Martínez, no sólo ponen de relieve la existencia de una “pandemia de violencia sexual en contra de las niñas de la región” de la que los gobiernos “no se están haciendo cargo” sino que también reflejan “esta falta de reconocimiento de las capacidades y la agencia de las niñas, a quienes no se las escucha frente a las decisiones que quieren tomar, como interrumpir un embarazo producto de la violación”.
“Y de otro lado, evidencia la falta de acceso del servicio de aborto, la negación directamente o la imposición de barreras para que las niñas puedan acceder al servicio de aborto incluso en casos de violación”, añade.
Es por esta razón que el Centro, junto con otras organizaciones de América Latina, llevó en 2019 al Comité de Naciones Unidas estos casos, para que el organismo pueda analizarlos y pronunciarse sobre el impacto que tiene la criminalización del aborto en la vida de las niñas, mujeres y otras personas con capacidad de gestar.
“Esperamos que en las decisiones haya un avance fundamental y que el Comité de Derechos Humanos indique expresamente y sin titubear que el servicio de aborto es un servicio esencial de salud que no tiene que estar regulado por la vía penal, y que como recomienda la Organización Mundial de la Salud en sus últimas guías pueda despenalizarse, que se asegure en el sistema de salud y que ninguna persona ni ningún prestador de salud tenga que ser o correr el riesgo de ser criminalizado”, dice Martínez.
Pero también, las organizaciones esperan que la ONU se pronuncie sobre la importancia de que los estados implementen la educación sexual integral y prevengan de manera efectiva la violencia obstétrica.
Las decisiones del Comité, precisa Martínez, no sólo pasarían a ser vinculante para los tres Estados que no prestaron los servicios de aborto sino que “son de carácter vinculante para todos los Estados que hayan ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también su Protocolo Facultativo”.
“Esperamos que impacte en los desarrollos normativos, jurisprudenciales y de políticas públicas en toda la región”, dice la abogada. Es decir, que los países deberían, de oficio, modificar sus leyes internas para ajustarlas a los estándares internacionales que se formarían a partir de la decisión.
América Latina y el aborto
El pronunciamiento del Comité de la ONU llegaría tras años de avances judiciales y legislativos en temas de aborto que se están registrando en América Latina.
“Ha habido un avance muy notorio en los últimos cinco años”, dice Martínez, que pone como ejemplo la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que despenalizó el aborto hasta la semana 24, la ley de aborto de Argentina, que legalizó la práctica voluntaria hasta la semana 12 y el fallo de la Suprema Corte de México, que también dijo que la penalización del aborto era inconstitucional, lo que ha llevado a varios estados a modificar sus leyes para poner a disposición de las mujeres este servicio.
Pero además de esos “tres hitos”, la representante del Centro destaca la despenalización del aborto por violación en Ecuador o la protección del aborto terapéutico en Perú. Chile también anunció en este año que a finales de 2024 presentará una ley para despenalizar esta práctica más allá de las causales que ya están vigentes.
“Podemos afirmar que hay un panorama normativo o de políticas públicas que son favorables en la región sin que eso esté separado de la discusión de que por supuesto sí hay un panorama también de intento de retrocesos, por decirlo de alguna forma, y que creo que el movimiento y también las altas cortes han desempeñado un papel muy importante para seguir reafirmando estos derechos como derechos humanos”, precisa.
La especialista cree que los estándares que se han desarrollado en América Latina son “muy fuertes y sólidos” que no podrán tumbarse fácilmente, como pasó en 2022 con el derecho al aborto en Estados Unidos. Esto ante posibles retrocesos en Argentina o incluso en México, donde recientemente el estado de Aguascalientes bajó el límite de semanas en las que se podía acceder a un aborto, contradiciendo las sentencias del Supremo.
“No podemos dar por sentado nuestros derechos y las luchas que hemos alcanzado. En ese sentido es muy importante, no solamente pensar en estrategias que procuren avanzar mucho más, como esta que estamos conociendo alrededor de Niñas, no madres, sino también tener estrategias para seguir defendiendo lo que creemos que ya ganamos. Hay una luz de esperanza que surge de América Latina y es esta marea verde. Antes mirábamos al norte, creo que el norte ahora puede mirar al sur”, concluye.
