Mujer y Ciudadanía asistió al «Segundo Foro: La Agenda de la Transición en Venezuela»
(5 marzo 2026) La Organización Mujer y Ciudadanía se hizo presente este jueves 5 de marzo de 2026, atendiendo a la importante invitación extendida por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPYG) de la UCAB. La delegación, encabezada por la Coordinadora de Logística, Estrella Salazar, contó con la participación de las siguientes integrantes del equipo de coordinación: Berlytz Chacón, Ana López, Lilian Quevedo y Omaira Montero.
El «Segundo Foro: La Agenda de la Transición en Venezuela» abordó temas que resultan de gran relevancia para todos los ciudadanos venezolanos que buscan un futuro más próspero y estable para el país.
La transición precisa de bases jurídicas y control ciudadano
“Sin bases jurídicas no puede haber transición sostenible”, es la conclusión del 2do. Foro sobre la Transición en Venezuela, que organizó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Igualmente, se insistió en que la participación de los ciudadanos y su incidencia en el control para que los procedimientos se realicen de acuerdo a la norma establecida, es determinante para el éxito del proceso democratizador.
Muy interesantes resultaron las ponencias de los dos reconocidos juristas venezolanos invitados a este Foro, los abogados Carlos Ayala Corao y Juan Carlos Apitz. El primero es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y dedicado a la defensa del Estado de Derecho y a la independencia judicial. Y Juan Carlos Apitz es Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Entre los aspectos más significativos que dijeron, destacan que una transición democrática debe ser objeto de un acuerdo de unidad nacional por la democracia y requiere de voluntad política para hacer prevalecer los derechos sustanciales establecidos en la Constitución, las instituciones, las garantías democráticas, la separación de poderes y el Estado de Derecho.
Hay que rescatar y priorizar los derechos humanos como un compromiso de todos, no como un privilegio de algunos sino como un compromiso para promover, garantizar y hacer realidad todos los derechos humanos de todos, no solamente los civiles y políticos sino también los sociales, económicos y culturales. Igualmente, dijeron que hay que reinsertar a Venezuela en el Estado de Derecho Internacional y anular las exclusiones inconstitucionales como la del Sistema Interamericano de Protección de Derechos o la del Pacto de San José.
Se refirieron a la Ley de Amnistía como un instrumento normativo que debe restablecer los derechos de los presos políticos que han sido víctimas de la persecución y de los abusos del sistema de justicia, que se debe reparar el daño causado, y enaltecerlos con el perdón por parte de los ciudadanos por no haberlos sabido defender.
Importante también –asegura Ayala- es reinstitucionalizar la Fuerza Armada Nacional e impartirle formación profesional, sólida y con carácter apolítico, para que sea capaz de asumir los retos que el país requiere y pueda impedir lo que está ocurriendo: la incursión en nuestro territorio de grupos irregulares armados, de paramilitares, guerrillas, narcotraficantes, que tienen ocupados amplios sectores del país. Aspira que la Asamblea Nacional sea un órgano de control efectivo del poder de la administración pública, que se depure el Sistema Electoral y el sistema que imparte justicia, así como la creación de las condiciones necesarias para celebrar elecciones generales en el menor tiempo posible.
Para Apitz una transición sostenible requiere de una transformación organizada del ordenamiento jurídico y del sistema de administración de justicia, a fin de restaurar el Estado de Derecho, la independencia judicial y las garantías fundamentales, luego de una larga crisis institucional, concentración de poder y afectación de derechos civiles y políticos. Y debe estar acompañada de una transición jurídica estructurada con reformas profundas al sistema de justicia, para que tribunales, Tribunal Supremo de Justicia y Ministerio Público funcionen de forma independiente, imparcial y eficaz, eliminando subordinación al Poder Ejecutivo. Considera necesario crear mecanismos de control de la corrupción y restaurar la primacía e igualdad de la ley y la seguridad jurídica, para que todos los poderes públicos y los ciudadanos, se sujeten a normas claras, transparentes y respetuosas de los derechos humanos.
Afirma que también es muy importante actualizar los Códigos Civil, Penal, de Comercio, leyes electorales, así como reformar y derogar leyes que se han usado para restringir libertades civiles y políticas, como la Ley Contra el Odio, la Simón Bolívar, la de Fiscalización de las ONG o la de Extinción de Dominio o el Art. 105 de la Ley de la Contraloría General que permite al Contralor inhabilitar funcionarios. Designar magistrados de acuerdo a las pautas constitucionales y realizar auditorías al Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, deben realizarse, así como tener un marco normativo para rescatar la carrera judicial y una cultura institucional a los funcionarios y a los ciudadanos para que hagan control y rendición de cuentas
Finaliza Apitz con estos mandatos: De la discrecionalidad a la normatividad, de la instrumentalización política a la autonomía institucional y de la opacidad a la rendición de cuentas.
Por: Lic. Berlytz Chacón, Prensa Mujer y Ciudadanía
