Perú: campesinos torturan a siete mujeres acusadas de supuesta brujería
La fiscalía de Perú abrió este martes una investigación por el caso de siete mujeres acusadas de «hechicería» que fueron capturadas, desnudadas y azotadas por miembros de «rondas campesinas» de vigilancia en un remoto pueblo andino.
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Las víctimas fueron liberadas por los «ronderos» este martes, dijo la fiscalía, tras la intervención de las autoridades peruanas luego de la difusión de un video en las redes sociales que muestra a una mujer colgada de un pie mientras es azotada para que confiese supuestos actos de brujería.
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Las mujeres fueron capturadas por los ronderos el 29 de junio, según medios locales. Tienen entre 43 y 70 años de edad. También fue detenido un hombre pero no hay registros de que haya sido maltratado
Fueron retenidas por [supuestamente] ejercer la hechicería y les incriminaban el hecho que muchas personas [de su pueblo] habían perdido las capacidades físicas y habrían perdido la vida», explicó a la AFP la defensora del Pueblo (ombudsman), Eliana Revollar.
Los hechos ocurrieron en Chillia (700 kilómetros al norte de Lima), un remoto pueblo andino de 12.000 habitantes a 14 horas en auto de la ciudad de Trujillo, cabecera de la región norteña de La Libertad.
«Estas personas han sido liberadas firmando un acta comprometiéndose a no denunciar [los malos tratos sufridos] y a no ejercer hechicería», añadió Revollar, cuyo despacho tomó cartas en el asunto a la par que la fiscalía.
Por su parte, la fiscalía informó en Twitter que «siete mujeres y un hombre fueron liberados tras haber sido retenidos por las rondas campesinas del distrito de Chillia». La entidad abrió una «investigación de oficio por el presunto delito contra la libertad, en agravio de estas personas», agregó.
Ésta es la segunda denuncia en una semana contra las «rondas campesinas», organizaciones creadas hace casi medio siglo para combatir el robo de ganado y que luego combatieron las incursiones de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000).
El presidente Pedro Castillo, un maestro rural de la norteña Cajamarca, era miembro de las rondas campesinas, cuya acción se ampara en normas constitucionales sobre justicia comunal vigentes desde 1993.
La semana pasada, la fiscalía abrió otra investigación tras la denuncia de que un equipo de reporteros de televisión que dijo ser retenido y amenazado por «ronderos» en Cajamarca mientras indagaba sobre la familia de Castillo.
