Fuente: EFE
Por: Cristina Bazán
8 de agosto 2024
La violencia vicaria llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio del caso de Blanca Paredes Hernández, una abogada mexicana que desde hace años está inmersa en una batalla legal en su país en contra del padre de sus hijos, a quien ha acusado de violencia física, sexual y psicológica, y lucha para que él no se los quite.
El caso es impulsado por la organización de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), que ingresó la petición ante la CIDH en diciembre de 2023 al considerar que Paredes no podrá encontrar justicia en el territorio nacional. Hace unas semanas, el organismo recibió una notificación de la Comisión en la que se les informaba que el proceso ya se encontraba en etapa de admisibilidad, lo que les causó una grata sorpresa, ya que esa fase suele llegar muchos años después.
La violencia vicaria es una forma de violencia machista en la cual el agresor utiliza a terceras personas, principalmente a las hijas e hijos, para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible, una “muerte en vida”. Esta violencia puede manifestarse de diversas maneras, desde amenazas veladas hasta actos extremos como el asesinato de los menores, y suele comenzar cuando la mujer decide separarse del hombre.
En el caso de Paredes, el calvario empezó en 2021, precisamente cuando ella tomó la decisión de separarse del padre de sus hijos después de que, cuenta, el hombre abusó sexualmente de su sobrina. “Su molestia fue muy grande. Él ya me había amenazado porque quería que yo siguiera manteniendo una relación, pero como yo no quise después de lo de mi sobrina… Es que nadie va a querer eso después de que ve, porque yo lo vi en las cámaras. Yo tengo videos del abuso sexual infantil hacia mi sobrina, que tenía 15 años”, cuenta a Blanca Paredes a Efeminista.
Después de hacer pública esa denuncia, afirma, ha enfrentado más de 75 procesos familiares, penales, civiles, administrativos y hasta laborales ligados a esta misma situación, ya que el hombre era magistrado del Tribunal de Justicia de Jalisco, el mismo lugar en donde ella trabajaba y del que luego fue despedida.
El caso de Blanca Paredes
Paredes relata que su expareja la presionaba para que volvieran, pero como ella se mantuvo firme en su decisión le empezaron a llegar las denuncias. “Me empezaron a pelear el patrimonio, me empezaron a cerrar las puertas laborales. Hubo violencia de todo tipo, pero yo no accedía, yo seguía firme”, agrega.
Pero un día, recuerda, el hombre se llevó a sus hijos, quienes no tienen el apellido del padre, y sólo se los devolvió cuando ella empezó a llorar. “Ya tenía ocho, nueve años el más grande y nunca se ha hecho cargo, ni siquiera los tenía reconocidos. O sea, nunca le han interesado, ¿por qué ahora sí?”, cuestiona.
Otro día, unos familiares del hombre llegaron a su casa con la intención de llevarse a los niños, a lo que ella se volvió a negar. “Su argumento era que mis hijos iban a tener acceso a su patrimonio, entonces que era mejor que estuvieran con ellos, que ellos podían controlar hasta la educación de mis hijos y donde estudiaban. Él siempre me dijo: ‘Te voy a quitar a los niños, yo me los voy a llevar. Yo tengo una mejor posición económica. Yo les puedo dar una mejor vida que la que tú les das’, pero yo soy abogada y sabía que no me los podía quitar si no los reconoció. Aún así me sacó varios sustos hasta que un día me demandó la paternidad”, rememora.
Dentro de esa demanda, dice, argumentó que ella era mala madre o que era muy agresiva. “[Decía] que trabajaba todo el día y no los podía cuidar, que él como magistrado tenía todo un equipo, que tenía una solvencia económica muy grande, que él podía pagar una niñera especializada y chofer y que yo no tenía acceso a esos recursos a los que él sí podía acceder para darles una mejor vida a los niños, cuando antes él no daba dinero”.
“Casi que yo estaba loca, que lo había chantajeado y amenazado. Curiosamente después de 8 años que estuvieron bajo mi cuidado yo era la mala madre y se los quería llevar. Se los quiere llevar porque me quiere dañar a mí”, agrega la abogada.
Durante estos años, dice, los casos cayeron en manos de conocidos de su expareja, empezó a recibir más amenazas, ella y sus hijos tuvieron que cambiarse de casa varias veces, su familia recibió agresiones físicas, intentaron llevarse a los menores de la escuela y ella sufrió varios atentados que casi le cuestan la vida.
“Yo estoy viva gracias a los reporteros, no gracias a la seguridad del Estado, porque es más fácil que yo le llamo un reportero y le diga que me está pasando algo y que un reportero corra y empiece a grabar o a transmitir a que respondan las fuerzas de seguridad. Y eso que yo tengo mecanismos de protección nacional para las defensoras de derechos humanos, tengo pulso de vida, tengo línea directa con la Guardia Nacional, tengo GPS en los vehículos y cámaras en la casa, pero llegan dos horas después”, lamenta.
La violencia vicaria, en análisis de la Corte Interamericana
Sin embargo, cuando Paredes intentó denunciar a su expareja por todo lo que estaba sucediendo con sus hijos se encontró con que la violencia vicaria no estaba tipificada. Fue ahí cuando inició una nueva lucha para que se incluyera este delito en la legislación mexicana.
Y aunque esa batalla rindió unos primeros frutos en noviembre de 2023, cuando la Cámara de Diputados aprobó reformas y modificaciones a varias leyes para prevenir y sancionar esta violencia, la también defensora de derechos humanos dice que esa normativa tiene varias deficiencias que aún ponen en peligro a las madres y que se aleja de los estándares internaciones establecidos en la Convención Cedaw y en la Belém do Pará.
Un ejemplo, afirma Paredes, es que los agresores sólo reciben una sentencia de hasta cinco años, lo que les permite salir de prisión en mucho menor tiempo con medidas alternativas.
Por eso dice que para ella es vital que la CIDH admita su petición, pues, si su caso llega a la Corte Interamericana y el Estado recibe una sentencia, esto permitiría marcar un precedente legislativo adecuado no sólo para México sino también para toda la región.
Ernesto Rodríguez, abogado de la víctima, explica que en este caso también existe violencia institucional, ya que el sistema judicial le ha fallado a Paredes y sus hijos y los congresos estatales no han regulado adecuadamente esta violencia. “A pesar de que existe en México han cerrado los ojos”.
“Analizamos que en el caso de violencia vicaria, no sólo es violentada la niñez y la madre sino también la sociedad y la familia. Pone a los familiares en una situación de incertidumbre, en una dinámica muy fuerte, muy pesada, y utiliza sobre todo a los hijos como un objeto de amenaza y de chantaje. El Estado también tiene una responsabilidad muy grande porque se le olvida aplicar los derechos humanos de los niños y de las mujeres”, señala.
La RSDCIAC espera que haya justicia integral para Blanca Paredes y para todas las mujeres que son víctimas de violencia en México, un país donde los casos de violencia machista alcanzan niveles alarmantes.