Marisa Gómez (no es su nombre real), ingeniera industrial caraqueña de 34 años de edad, emigró a Estados Unidos en 2019 para ayudar a su mamá, que sigue en Venezuela mientras afronta condiciones como presión alta o problemas en la cervical. Desde el país del norte ha podido enviarle dinero para medicinas y consultas, pero las recientes políticas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump le han hecho considerar irse a otro país
Fuente: El Nacional
Por: Isaac González Mendoza
7 marzo 2025
Marisa Gómez* decidió emigrar a Estados Unidos en 2019 motivada por la insostenible crisis venezolana y para ayudar a su mamá, que tiene afecciones de salud. Estar allá le ha permitido enviarle dinero para pagarle el seguro médico, que le cuesta cerca de 1.000 dólares cada cuatro meses, o para estudios como una reciente resonancia magnética que le hicieron por 200 dólares.
Foto AFP
Marisa Gómez* decidió emigrar a Estados Unidos en 2019 motivada por la insostenible crisis venezolana y para ayudar a su mamá, que tiene afecciones de salud. Estar allá le ha permitido enviarle dinero para pagarle el seguro médico, que le cuesta cerca de 1.000 dólares cada cuatro meses, o para estudios como una reciente resonancia magnética que le hicieron por 200 dólares.
Ingeniera industrial de 34 años de edad nacida en Caracas, le era imposible pagar tales cantidades de dinero si seguía en Venezuela, donde el salario mínimo no llega a 3 dólares si se toma en cuenta la cotización oficial y el salario promedio, que no es propiamente oficial sino que se suele pagar como un bono que deciden las empresas, está en 241 dólares según informe del Observatorio Venezolano de Finanzas.
“En Venezuela era imposible que yo pagara una resonancia magnética en 200 dólares. Mi mamá tiene un seguro médico porque no puede ir a un hospital, que sabemos cómo están. El seguro de salud está dolarizado y tengo que pagar 1.000 dólares cada cuatro meses. Desde allá eso es imposible”, expresó Gómez, que siente temor ahora por la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que le permite trabajar en el área administrativa en Los Ángeles, California.
El mes pasado, la administración de Donald Trump, que desde su campaña ha sostenido un discurso antiinmigrante con el argumento de que los extranjeros habían aumentado la inseguridad en su país, oficializó la revocación del TPS para aproximadamente 350.000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.
La orden, que estipula que los venezolanos que recibieron TPS en 2023 quedarán desprotegidos cuando caduque el beneficio, podría derivar en más deportaciones de ciudadanos que han salido del país en busca de libertad y estabilidad económica. Según el Departamento de Seguridad Nacional, aunque algunas dificultades persisten en Venezuela “hay mejoras notables en áreas como la economía, la salud pública y la criminalidad, lo que permite a estos nacionales retornar de forma segura a su país de origen”.
Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Finanzas señaló en un informe que la inflación en el país cerrará 2025 en 110% y la persecución a políticos, periodistas y activistas no ha parado: de acuerdo con el Foro Penal, en el país hay un total de 1.060 presos políticos al corte del 24 de febrero. Además, indica un reporte más reciente, 66 presos políticos son extranjeros.
Gómez prefiere no regresar, teme no poder ayudar a su mamá con los medicamentos y el seguro. Si las cosas empeoran en Estados Unidos, buscará otra opción migratoria, pero no contempla volver. “He considerado irme. Es fuerte. Porque uno no sabe ni qué hacer. No sabes cuál es la mejor decisión en este momento”, lamentó.
Cuando vivía y estudiaba en Venezuela, su mamá solía trabajar en las minas de El Dorado, municipio Sifontes del estado Bolívar, el segundo más violento del país en 2023 en el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia. “Esa situación allá se puso fea y mi mamá se tuvo que regresar a Caracas. Ya yo me había graduado de la universidad, en ese momento mi mamá no podía trabajar porque se puso la situación grave allá con los mineros”.
“Le dije a mi mamá: ‘sabes qué, quédate en la casa’. Porque su salud se estaba agravando. Yo no conseguía trabajo, así que le dije que prefería irme y resolver aquí a ver cómo podía ayudarla para que no tuviese que ir más para allá”, expresó la ingeniera industrial, que también atribuye el deterioro de la salud de su madre a lo que vivió en el municipio Sifontes, donde la tasa de violencia es de 151 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La esperanza de Gómez y sus compatriotas está en el sistema judicial estadounidense, pues la Alianza Nacional TPS y ocho venezolanos titulares de TPS presentaron una demanda en California contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien señalan de tomar “dos acciones ilegales” al dejar sin efecto la extensión y cancelar el TPS designado en 2023. Una segunda demanda, presentada por las organizaciones CASA y Makethe Road New York, se introdujo en Maryland para impugnar la terminación del TPS para venezolanos. Y una tercera, en Massachusetts, la introdujo la Venezuelan-American Caucus y busca la restitución del TPS para ciudadanos haitianos, que se han visto afectados por la misma decisión de la administración Trump.
“Estamos esperando a ver qué decisión tomará el juez federal, de si se va a bloquear o no la medida. Ojalá pase. Tenemos fe en que así será y si no, no sabemos. Hay muchos a los que les tocará irse, buscarán otras opciones, pero es imposible al menos para mí regresar a Venezuela”, dijo Gómez, cuyo estatus temporal, que tramitó en el período 2020-2021, vence en septiembre.
La ingeniera criticó que desde el gobierno se haya pretendido criminalizar a los migrantes venezolanos con señalamientos como que todos forman parte de la banda internacional el Tren de Aragua o que provienen de instalaciones de salud mental, como afirmó Kristi Noem en una entrevista con NBC. Aunque ya lo había dicho en otros espacios como en un post en su cuenta de Instagram el 6 de marzo de 2024.
“Me parece terrible que se haya expresado así de una comunidad que desconoce. Yo no soy pandillera, no salí de una institución mental, estudié Ingeniería Industrial, crecí en Caracas no con lujos, pero venía de una clase media desde la que mi mamá se esforzó para darme todo”, dijo Gómez. “Entonces, es terrible que generalices algo tan delicado. Porque hay un odio latente que se ve hacia los migrantes y no sabes si una persona puede atentar contra un grupo de migrantes porque lastimosamente en Estados Unidos no hay control de armas”.
Si bien no ha sufrido xenofobia directamente porque en Los Ángeles muchísima gente habla en español por la gran comunidad latina de la ciudad, sí percibe que la gente está saliendo menos de sus casas por temor a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que el mes pasado trasladó más de 170 venezolanos desde Guantánamo hasta Honduras para ser luego llevados a Caracas. “Las calles están un poquito más solitarias por el miedo a todo lo que pasa con ICE”, describió.
Durante el gobierno de Joe Biden, consideró Gómez, “había más humanidad hacia el migrante” y las “cosas eran un poco más fáciles”. Ahora, subrayó, es todo lo contrario porque hay mucha incertidumbre, no sabe si al salir de casa va a regresar y antes no tenía que estar preocupada de si llevaba la copia de su TPS. “Ahora sí. Tengo miedo de que me vayan a parar el carro, porque hasta eso dicen. Estados Unidos en este momento no está bien. Hay polarización, es real. O eres rojo o eres azul, como lastimosamente pasó en Venezuela”.
¿Cuántos venezolanos tienen TPS en Estados Unidos?
El Estatus de Protección Temporal, creado por el Congreso en 1990 para ayudar a personas que podrían enfrentar dificultades extremas si regresan a sus países, permite a los beneficiarios vivir y trabajar de manera temporal en Estados Unidos hasta el vencimiento del documento en un período de 18 meses, que puede prorrogarse si el gobierno considera que los problemas que afronta el migrante se mantienen.
Los ciudadanos beneficiados con el TPS provienen de Afganistán, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen. Venezuela ingresó en 2021 debido a la prolongada crisis política y económica. Se estima que cerca de 600.000 venezolanos han sido protegidos por el programa.
