Fuente: Comisión de la Mujer de la ULA
28 de junio 2024
En su más reciente informe sobre la Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, publicado este viernes 28 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresa su preocupación por la sentencia a 30 años de cárcel que recibió Naibelys Verónica Noel Pérez el 19 de julio de 2023, acusada injustamente por el delito de comisión por omisión en el infanticidio de su hijo, perpetrado por su expareja y victimario.
«Esta condena se produjo tras el presunto asesinato, en 2019, de su hijo a manos de su expareja. El 7 de febrero de 2024, durante la vista de apelación, el fiscal declaró que Naibelys Noel había descuidado su función materna y había sido cómplice del maltrato de su hijo, lo que puso de relieve la preocupación por los estereotipos de género en la aplicación de la justicia. En el razonamiento de su decisión, los jueces también hicieron declaraciones con estereotipos de género similares», dice el informe del ACNUDH.
Seguidamente, el ACNUDH refiere en su informe la falta de acciones de prevención y atención por parte de funcionarios sobre la violencia de la que fue víctima Naibelys Noel durante meses a manos del asesino de su hijo. «Las autoridades, según se informa, no dieron seguimiento a las denuncias previas de Naibelys Noel sobre violencia de género por parte de su expareja, quien, según los informes, recibió la mitad de la condena de Naibelys».
Violencia vicaria, institucional y de derechos humanos
La Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes (ULA Mujer) y el Observatorio de Derechos Humanos de esta institución (ODH-ULA) han sido las organizaciones que han
presentado este caso al ACNUDH y lo denunciaron en mayo de 2023 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). El equipo de abogados del ODH-ULA representa legalmente a Naibelys Noel ante la justicia venezolana.
Desde que ambas organizaciones asumieron el caso, este se ha denunciado como una muestra de la violencia vicaria que se comente en Venezuela y que no está estipulada como delito en la legislación nacional. También se ha demostrado la violencia institucional de la que ha sido víctima Naibelys Noel desde el momento de su detención, el mismo día que murió su hijo, cuando fue expuesta públicamente en redes sociales por autoridades policiales que la acusaron sin pruebas de ser cómplice del asesinato del niño. Su rostro y nombre completo fueron publicados, mientras que la cara del asesino no se publicó.
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Antes del infanticidio cometido por José Teodoro González, asesino confeso, Naibelys Noel fue víctima durante meses de distintos tipos de violencia contra la mujer por parte de ese hombre, quien entonces era su pareja sentimental. Ella intentó denunciarlo ante la policía municipal de su residencia por maltrato infantil, pero los funcionarios que la atendieron se negaron a registrar la denuncia alegando que ella debía presentar un informe médico del niño. Sin embargo, en el hospital de Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero del estado Mérida y lugar de su residencia, su hijo no fue atendido.
Desde su detención y durante todo el posterior proceso judicial que ha enfrentado Naibelys Noel, el sistema de justicia venezolano la ha revictimizado y le ha violado distintos derechos humanos, como su derecho a la justicia, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a la salud, entre otros.
El primer juicio por este caso se inició casi tres años después del infanticidio de su hijo, a pesar de que el victimario —condenado solo a 15 años y 4 meses de cárcel— ya había confesado su crimen. En más de un año hubo al menos 18 diferimientos de audiencias, la gran mayoría por razones injustificadas.
El informe del ACNUDH que reseña el caso de Naibelys Noel se centra en los acontecimientos ocurridos durante el último año en Venezuela que tienen relación con los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a un medio ambiente sano, el estado de derecho y el espacio cívico. También incluye un balance sobre la aplicación por parte del Estado de las recomendaciones correspondientes formuladas anteriormente por la Oficina del ACNUDH a la República Bolivariana de Venezuela.
Este informe, que fue solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su resolución número 51/29, será examinado en su 56º período de sesiones —seguido de un diálogo interactivo— que está teniendo lugar entre el 18 de junio y el 12 de julio de 2024.