La desinformación vulnera el derecho a la libertad de expresión| Por: Herly Alejandra Quiñónez

17 de septiembre 2024

La desinformación es un problema que afecta a la sociedad, porque lesiona el derecho humano a recibir información, afectando a la ciudadanía al provocar incertidumbre sobre los acontecimientos y deteriorando los sistemas democráticos. Además, genera desconfianza en las instituciones, xenofobia, racismo y pánico ciudadano.

Según la Unesco (2020), la información falsa ofrece contenido engañoso con la intención de causar daño, acosar y promover discursos de odio en la sociedad, distorsionar la comunicación (Tabja, 2021), manipular las comunidades y vulnerar los Derechos Humanos (OEA, 2019).

El nacimiendo de la desinformación surge antes de la era digital, ya que su uso está vinculado con la propaganda, porque para lograr sus propósitos emplea cualquier mensaje efectivo, sin considerar su veracidad o falsedad recurriendo a información falsa, malintencionada o dañina (Álvaro, 2018).

Diversos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatoría para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran el derecho a la libertad de expresión como un pilar importante para las sociedades demócratas.

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos indica que “…comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”  (OEA, 1969, p. 12).

La libertad de expresión es vulnerada cuando la desinformación es usada como herramienta de censura, al restringir el acceso a información, suprimir el pensamiento crítico y lesionar la institucionalidad democrática, en el contexto de una sociedad hiperconectada a través de múltiples pantallas y medios sociales, donde los mensajes alcanzan altos niveles de viralización.

La libertad de expresión está caracterizada por ser un derecho con dos dimensiones. La primera de ellas es la individual que consiste en el derecho de cada persona a expresar sus pensamientos, ideas e informaciones y la segunda, es la colectiva o social, la cual contempla el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada (OEA, 2019). También hay que resaltar su importancia para el acceso a la información pública de la ciudadanía, en especial, en países con sistemas políticos sin democracia, lugares donde reina la opacidad informativa y censura de los organismos públicos.

Ante la tensión que genera la desinformación cuando atenta contra la libertad de expresión y con otros derechos humanos como el buen nombre, la honra, la intimidad y la dignidad, los ciudadadanos deben contrarrestar este impacto negativo de las noticias falsas en la sociedad con prácticas democráticas comunicativas, como denunciarlas en las redes sociales y no difundiendo este tipo de contenido entre sus contactos.

Internet es una de las tecnologías que más ha potenciado el ejercicio de la libertad de expresión, dado que convirtió a millones de personas que eran receptores pasivos de información en activos participantes del debate público (OEA, 2019). Ante esta masificación comunicacional, la desinformación encuentra un caldo de cultivo para viralizarse en los diferentes medios sociales.

La libertad de expresión y el acceso a la información facilita contribuciones más amplias por parte de distintos actores, promoviendo  la participación y el debate en torno a soluciones viables para superar la crisis, considerando las necesidades y los motivos de preocupación de las comunidades afectadas (Amnistía Internacional, 2021).

La libertad de expresión y el acceso a la información pueden estar sujetos a ciertas restricciones que cumplan criterios específicos, los cuales han sido establecidos por los propios organismos internacionales. Para que sean legales, de acuerdo con el artículo 19 del Pacto de San José, dichas limitaciones deben estar fijadas por la ley y ser necesarias para respetar los derechos y la reputación de otras personas, para proteger la seguridad nacional o el orden público o por razones de salud o moral públicas (ONU, 2022).

Alfabetización mediática

La alfabetización mediática contribuye para combatir la desinformación, ya que implica desarrollar habilidades para evaluar la veracidad de la información, identificar fuentes confiables, comprender los sesgos, manipulaciones en los medios y utilizar de manera responsable las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Inteligencia Artificial.

Ante esta situación, es válida la pregunta ¿cuáles son las vías prometedoras para que los Estados afronten la desinformación? La respuesta consiste en establecer enfoques normativos centrados en la transparencia, promocionar regímenes sólidos de información pública y ampliar el acceso a la información, proteger los medios de comunicación libres e independientes, impulsar diálogos  con las comunidades y fomento la alfabetización digital, mediática e informacional (ONU, 2022).

La Comisión Europea recomienda promover la transparencia, desarrollar herramientas para fortalecer la capacidad de respuesta por parte de usuarios de las redes, promover la investigación sobre el tema y para los periodistas, salvaguardar la diversidad y sostenibilidad del ecosistema mediático  (Sádaba y Salaverría, 2023).

Los programas de alfabetización mediática e informacional deben enfocarse en el empoderamiento de las audiencias y garantizar que tengan las habilidades y los conocimientos que les permitan interactuar con el contenido de manera crítica y con todos los proveedores de información, incluyendo escuelas, universidades, instituciones de investigación, bibliotecas, archivos, museos, empresas de medios de comunicación, editores, entidades estadísticas, entre otros (Unesco, 2023).

Estas capacitaciones deben promover la diversidad cultural, inclusión social y ciudadanía global, igualdad de género, empoderamiento de la mujer y ofrecer oportunidades de participación a los grupos en situación de vulnerabilidad y marginación.

La libertad de expresión debe ser valorada por los ciudadanos y es necesario proteger su práctica en medios digitales con una defensa activa, difundir su concepto, implicaciones y limitaciones y creando alianzas para enfrentar las posibles amenazas que intentan vulnerar este derecho.

Referencias

Álvaro, Sandra (2018). La esfera pública en la era de la hipermediación algorítmicas: noticias falsas, desinformación y la mercantilización de la conducta. Hipertext.Net, 17, 74-82. DOI:10.31009/hipertext.net.2018.i17.07

Amnistía Internacional (2021). Silenciamiento y desinformación. https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/POL3047512021SPANISH.pdf

Organización de Estados Americanos (2019). Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf

Organización de Naciones Unidas (2022). Contrarrestar la desinformación para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.  https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/459/27/pdf/n2245927.pdf?token=nTb30q4yWIiy3wY49K&fe=true

Sádaba, C. y Salaverría, R. (2023). Combatir la desinformación con alfabetización mediática: análisis de las tendencias en la Unión Europea. Revista Latina de Comunicación Social, 81, 17-33 https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2023-1552

Tabja, J. (2021). El montaje en ciencias y las fake news: las dos caras de la desinformación en democracia. Revista CTS, número especial, 41-51. https://ojs.revistacts.net/index.php/CTS/article/view/200

Unesco (2020). Periodismo y libertad de prensa Covid-19. https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_covid_brief_es.pdf Unesco (2023). Directrices para la gobernanza de las plataformas digitales.  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387360

Herly Alejandra Quiñónez Gómez: Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Los Andes en Venezuela (ULA). Doctora en Ciencias Humanas (ULA). Profesora de Periodismo y Cultura Democrática y Derechos Humanos de la carrera de Comunicación Social (ULA) y la especialización de Periodismo en Medios Digitales. Coordinadora del Grupo de Investigación “Comunicación, Cultura y Sociedad”. Autora de publicaciones científicas y ponencias sobre Periodismo, Ciberperiodismo y Comunicación Científica Digital.

Loading

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *