Fuente: EFE
Por: Cristina Bazán
15 de julio 2024
Los Gobiernos de América Latina y el Caribe siguen teniendo deudas históricas con las mujeres y niñas, “causas abiertas” durante años que son ejemplo de las vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos, a una educación integral y a una vida libre de violencia.
Así lo denuncia ‘Causa abierta’, una iniciativa de la Articulación Feminista Marcosur (AFM) que surgió para poner foco sobre esas violaciones de esos derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en la región, y así contribuir a la reducción de la impunidad, la reparación de las víctimas y la no repetición de dichas vulneraciones.
“Mientras exista movimiento feminista todas las causas son causas abiertas, mientras no se solucionen y los Gobiernos no respondan y avancen en las políticas de derechos sexuales y reproductivos…”, explica a Efeminista Ana Cristina González, autora del informe Por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina, en el que se detallan diez casos en los que los Gobiernos han fallado en la protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas y que se presentó durante la V Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.
Las diez “causas abiertas” en América Latina
Los diez casos presentados hasta ahora abarcan temas como abuso sexual a mujeres indígenas, abuso en la protesta social, prohibición del enfoque de género, violencia contra niñas institucionalizadas, aborto, mortalidad materna y educación integral en sexualidad, que se han registrado en ocho países de la región.
Entre ellos se destaca la historia de 41 niñas guatemaltecas que murieron en 2017 en un incendio tras manifestarse por violaciones sexuales dentro del lugar donde vivían, el Hogar Virgen de la Asunción.
“Este caso dejó en evidencia no solo el desdén sino también la falta de protección del estado a estas menores que venían siendo sometidas a situaciones de riesgo para su bienestar físico y mental (hacinamiento extremo, malos tratos, castigos crueles) y a violencia (violencia sexual, trata)”, se señala en el informe.
También está el caso de Juana, una niña indígena de Argentina de 12 años, quien dio a luz por cesárea un feto anencefálico producto de una violación perpetrada por nueve hombres criollos en los territorios ancestrales reclamados por la comunidad. O el de Esperancita, una adolescente dominicana de 16 años con leucemia que quedó embarazada y que aunque necesitaba quimioterapia para luchar por su vida, no se la iniciaron a tiempo porque los médicos priorizaron el embarazo.
La pobreza, un denominador común
Para Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres en Human Rights Watch (HRW), todos estos casos comparten tres patrones muy visibles.
“El primero es una clara negación de derechos a las mujeres y niñas pobres, y la pobreza, que no es un factor de mala suerte, sino que viene predeterminado por las discriminaciones cruzadas de raza, etnia, de orientación sexual e identidad de género. La pobreza no toca, la pobreza en nuestra región se hereda, se exacerba y es deliberada, dependiendo de otros factores adicionales al género”, afirma.
Cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dice Saez, revelan que en toda la región la pobreza ha disminuido y, sin embargo, “la brecha de género en la pobreza ha aumentado”.
“Eso indica que la violencia que sufren las mujeres y niñas también exacerba la pobreza”, agrega.
Los derechos de las mujeres, en segundo plano
El segundo factor que tienen en común las causas abiertas es, a decir de la directora de la División de los Derechos de las Mujeres de HRW, que existe una “política constante de dejar los problemas de mujeres y niñas en un segundo plano”.
“Una de las causas abiertas tiene que ver con el aumento de la mortalidad materna durante la pandemia de la covid-19 en Brasil. En ese tiempo, también vimos el aumento de los casos de violencia doméstica o las faltas de políticas, pues no se pensó en que el confinamiento generaba un problema adicional para mujeres y niñas cuyas violencias se producen precisamente en espacios de lo privado. Eso fue un pensamiento secundario”, recuerda.
“Los problemas que le ocurren a las mujeres y las niñas no son una prioridad de los Estados sino que son un pensamiento secundario, algo que piensan una vez que ya es tarde o que piensan precisamente una vez que sociedad civil, que los movimientos feministas, han empujado para que deje de ser un pensamiento secundario”, añade Sáez.
La igualdad no es un gasto, es inversión
Y el tercer denominador común es que los Estados aún ven el trabajo por la igualdad “como un problema de costos o de gastos, y no como una inversión”.
“La gran pregunta que nos tenemos que hacer -y que tenemos que exigir a los Estados- es cuánto están dispuestos en invertir en la igualdad. La igualdad cuesta, no sirven solamente declaraciones de principios o ratificación de tratados, son inversiones que se hacen.
“Eso significa que por cada declaración, por cada tratado, por cada mandato que le exige una corte internacional o nacional a un Estado de establecer políticas públicas o de tener mejores legislaciones, hay una necesidad de invertir, de poner en las partidas presupuestarias aquella cantidad que va a generar la diferencia. Eso lo tenemos que monitorear y lo tenemos que exigir”, puntualiza.
Falta de voluntad política
Realizar el informe sobre estos 10 casos emblemáticos también ha permitido a los investigadores analizar los avances y encontrar nuevos caminos y soluciones para que los Estados puedan actualizar los compromisos.
Sin embargo, Macarena Sáez cree que los estándares que tiene la región son suficientes para dar respuesta a estas violaciones de derechos que se producen en estas causas abiertas, que están muy claras también.
“Por lo tanto no podemos decir que es un problema de falta de estándares, que es un problema de no entender cuál es el problema, no. Lo que nosotros tenemos acá es un problema de falta de voluntad política, de cómo se demuestra la prioridad que se le da a la reducción de los espacios de violencia”, señala.
Mejorar las estadísticas
Es vital, agrega Saéz, empezar a desarrollar mejores datos estadísticos sobre las violencias contra las mujeres, desagregados por discriminaciones interseccionales, para conocer quiénes son las personas que están con mayor riesgo.
También hay que invertir más en capacitaciones, no sólo en el ámbito judicial, que es donde más se ha avanzado, sino en otras partes de la cadena de atención a la violencia, como la Policía y quienes participan en el diseño de políticas públicas.
“Una recomendación adicional es mirar aquellas cosas que no parecen estar directamente relacionadas con la violencia, como el diseño urbano. ¿Cómo aseguramos que la mirada del Estado tiene como objetivo prioritario reducir y eliminar los espacios de violencia? Eso significa poner mucho dinero en, por ejemplo, educación sexual inclusiva”, agrega.
Ante los desafíos que se presentan en algunos países de la región, es necesario entender que las discriminaciones, las violencias y los retrocesos de los derechos de las mujeres no afectan solo las mujeres: “tienen que ver con una erosión de las democracias y de los espacios públicos en general. No es coincidencia que a mayor autoritarismo hay menores derechos para mujeres y niñas”, argumenta.
Según Saéz, “el gran llamado es a que hagamos más visible la conexión de los movimientos antidemocracia con los movimientos contrarios a las mujeres”.