Rocío San Miguel cumplió cinco meses detenida sin garantías al debido proceso

Fuente: El Nacional
10 de julio 2024

Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, cumplió el martes cinco meses detenida.

La activista venezolana está en El Helicoide, una de las dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, acusada de supuestos delitos relacionados con terrorismo.

El Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, denunció que desde su detención, San Miguel no ha podido nombrar a sus abogados de confianza.

«5 meses sin poder nombrar a sus abogados de confianza, 5 meses de sufrimiento en El Sebin del Helicoide, 5 meses de secuestro en un centro de tortura», expresó a través de X.

Desde OVP exigieron la liberación inmediata y sin restricciones de la activista.

«La activista venezolana y presidenta de la ONG Control Ciudadano, enfocada en asuntos militares, Rocío San Miguel, cumple este 9 de julio cinco meses de injusta prisión y sin garantías al debido proceso», escribió por su parte la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en X.

Detención de Rocío San Miguel

A San Miguel la arrestaron en la madrugada del 9 de febrero cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto Simón Bolívar junto a su hija, a quien liberaron posteriormente.

Días después de su detención, las autoridades allanaron su vivienda mientras su hija se encontraba en el lugar. Durante el allanamiento, se llevaron mapas y computadoras, que luego el fiscal general, Tarek William Saab, expuso ante la prensa como «pruebas» de su relación con una presunta conspiración.

Saab mostró fragmentos de una «orden de operación» confiscada a un militar detenido, también acusado de participar en el plan de magnicidio, en los que «aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel».

Según esos extractos, la acusada debía hacer «enlaces» con medios de comunicación para divulgar «avances de la operación», generar «afinidad comunicacional con la población militar» y «coordinar» la defensa de oficiales involucrados a través de Control Ciudadano.

A la presa política la presentaron ante un tribunal con competencias en terrorismo, ubicado en El Helicoide, y la forzaron a aceptar un defensor público. Las acusaciones en su contra incluyen traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.

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